Se espera la detención de Isabel en España

El juez federal Héctor Raúl Acosta, sostuvo que la ex presidenta está acusada de "haber ejecutado los decretos de aniquilamiento de subversivos".

"Si bien ella no los firmó (los decretos), los habría ejecutado como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas" explicó el magistrado mendocino en declaraciones radiales.

A su vez, Acosta indicó que la detención de Isabel Perón se había ordenado "hace dos o tres meses" pero que "faltaban algunos datos para poder concretar el pedido de captura internacional".

Además, agregó que la medida dispuesta "no está vinculada con la investigación por las actividades de la Triple A", que lleva adelante el juez federal porteño Norberto Oyarbide

El juez Acosta también investiga en ese expediente al ex senador Antonio Cafiero y al ex gobernador bonaerense y actual diputado Carlos Ruckauf.

La petición está vinculada con la detención de Héctor Aldo Fagetti Gallego, de 24 años, quien el 25 de febrero de 1976 fue capturado por policías de San Rafael y del que no se tuvieron más noticias a partir del 10 de marzo de 1976.

En tanto, aseguró en declaraciones a Radio Diez que si se confirma que Isabel Perón se encuentra en Madrid, será "la justicia española la que deberá decidir en qué marco la mantiene y si corresponde la extradición".

El juez considera que la desaparición de Gallego fue avalada por la firma de tres decretos en 1975 que habilitaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos", lo que implicaría un acción de terrorismo de Estado.

El abogado de María Estela Martínez, Atilio Neira, dijo en declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires que espera ver "cómo se resuelve la orden de detención librada" y señaló que aún no tuvo "ninguna comunicación" con la ex mandataria, de 75 años.

En la causa también están involucrados otros miembros del gabinete de Martínez, como el ex ministro de Trabajo Carlos Ruckauf; el ex ministro de Economía Antonio Cafiero; el ex canciller Manuel Arauz Castex; el ex ministro de Defensa Tomás Vottero; el ex titular de Bienestar Social Carlos Emery, y el entonces ministro del Interior Angel Federico Robledo, ya fallecido.

Los tres decretos constituyeron un Consejo de Seguridad Interna y facultaron a los gobiernos provinciales a suscribir convenios que colocaban "bajo su control operacional" al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales para su empleo inmediato en la lucha contra la "subversión".

También facultaron a las Fuerzas Armadas a "proceder a ejecutar las operaciones militares y de seguridad" que fueran "necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país

El juez federal Norberto Oyarbide había adelantado la posiblidad de llamar a declarar a Martínez de Perón por los crímenes de la Triple A.