Inadi, contra el "bozal" a la ex mucama de Mirtha
El instituto contra la discriminación alertó que prohibirle a la mujer hablar es callar la voz de muchas mujeres en su misma condición.
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El Inadi acusó a la jueza civil Cecilia Federico de haber incurrido en "discriminación de clase" cuando puso un "bozal legal" a la mucama Lina Díaz, quien denunció que trabajó "en negro" durante 21 años para la actriz y ex conductora televisiva Mirtha Legrand.
Añadió que impone una "limitación del ejercicio de la libre expresión de ideas y opiniones, derecho ampliamente garantizado por nuestra legislación y la propia jurisprudencia vigente, en pos de reforzar la protección de la parte más poderosa de la relación asimétrica de empleo, la cual, paradójicamente, goza de amplio acceso a los medios de comunicación".
"Así, la denuncia pública efectuada por Díaz cumple, indirectamente, un importante rol de concientización sobre los derechos que amparan a las trabajadoras domésticas", añadió.
Ayer, Federico emitió un fallo con el que prohibió a Díaz volver a mencionar a la actriz y comunicó su decisión "a todos los medios de comunicación para que se abstengan de reproducir las declaraciones ya efectuadas por la demandada".
La medida cautelar sostiene que, si bien Legrand es "una persona pública de fama reconocida", eso "no implica que su vida privada o situaciones domésticas tengan que ser difundidas a través de terceros sin su consentimiento".
La magistrada adujo que "se impone proteger la intimidad de la actora (Legrand) sobre la posibilidad de que la demandada (Díaz) siga brindando información en la prensa, dado que no se trata de hechos de interés público".
La jueza sostuvo que "el ejercicio del derecho de libertad de expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador pueda determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles".
"En el presente proceso, se produce el enfrentamiento de dos derechos constitucionalmente resguardados: el derecho a la información de los medios y el de intimidad de las personas, y debe resolverse la cuestión ponderando los valores en juego y privilegiando uno sobre otro", concluyó.
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