Represión en Marcha Universitaria: denuncian penalmente a los responsables y piden investigar a funcionarios
La Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura denunciaron el uso "abusivo" de la fuerza durante la marcha.
Por Vanesa Petrillo
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la represión desplegada durante la quinta Marcha Federal Universitaria en defensa de las universidades públicas del jueves 15 de octubre, frente al Congreso de la Nación, y pidió que se investigue tanto a los funcionarios políticos responsables como a quienes ordenaron, dirigieron y ejecutaron el operativo. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos.
El organismo, que intervino en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, sostuvo que las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo represivo “de manera planificada, ilegítima e indiscriminada” y reclamó que se determinen las responsabilidades penales por los hechos ocurridos durante la movilización.
Según el informe de la CPM, la represión se extendió durante más de tres horas y dejó más de 550 personas afectadas y heridas, como consecuencia del uso de gases lacrimógenos y químicos, disparos con postas de goma y agua a presión de los camiones hidrantes. El organismo también contabilizó el lanzamiento de más de 120 granadas de gases lacrimógenos.
La denuncia advierte sobre el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza pública y la utilización irregular de armas menos letales. Entre las conductas señaladas, menciona disparos con postas de goma o municiones químicas en dirección horizontal o directamente hacia el cuerpo de las personas, además del lanzamiento indiscriminado de gases.
Ataques a periodistas, personal sanitario y organismos de derechos humanos
La CPM también denunció ataques contra trabajadores de prensa, equipos sanitarios que asistían a las personas afectadas y representantes de organismos de derechos humanos que monitoreaban el accionar policial.
En ese contexto, el organismo pidió investigar posibles delitos de abuso de autoridad, estrago, detención ilegal, torturas o malos tratos, entre otros, y establecer quiénes impartieron las órdenes y qué responsabilidad les corresponde a los agentes que participaron del despliegue.
La presentación busca que la investigación no se limite a los efectivos que estuvieron en la calle, sino que alcance también a los funcionarios políticos y a la cadena de mando que intervino en la planificación y conducción del operativo.
El Comité contra la Tortura también advirtió sobre el operativo
En paralelo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) monitoreó el despliegue de seguridad y advirtió sobre un “uso abusivo y desproporcionado de la fuerza” durante la movilización.
De acuerdo con el relevamiento del organismo, se utilizaron gases lacrimógenos, postas de goma, dispositivos Byrna con agentes químicos, gas pimienta y camiones hidrantes. Los elementos empleados afectaron no solo a manifestantes, sino también a transeúntes, periodistas, equipos de primeros auxilios y representantes de organismos de derechos humanos.
El CNPT informó que se registraron cuatro detenciones de personas adultas y la aprehensión de dos adolescentes, de 14 y 17 años. El comité intervino específicamente en el caso del adolescente de 14 años.
Las tareas de monitoreo fueron realizadas junto con el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires y la CPM, en el marco de sus funciones de prevención de la tortura y otros malos tratos.
El Comité Nacional informó que continúa documentando las irregularidades y las posibles vulneraciones de derechos detectadas durante el operativo, con el objetivo de ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes y promover las investigaciones correspondientes.
La denuncia penal de la CPM abre así un reclamo para determinar las responsabilidades penales por el accionar de las fuerzas de seguridad durante una movilización universitaria, en la que, según los organismos de prevención de la tortura, resultaron afectados cientos de personas y también quienes cumplían tareas de asistencia, cobertura periodística y monitoreo de derechos humanos.
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