"El sistema político debe decidir si quiere que en nuestro país haya pesca", advirtieron las cámaras pesqueras

En ese contexto, CIPU y CAPU emitieron un comunicado en el que denuncian “la inacción del gobierno para corregir graves irregularidades planteadas a las autoridades desde hace años”, y donde vuelven a advertir la “inviabilidad de la actividad en condiciones actuales”.

Según las cámaras empresariales, el 90% de la flota pesquera lleva paralizada tres meses, y hay casi 3.000 personas afectadas directamente por la situación actual. “Si nada cambia, probablemente no puedan volver a trabajar en la pesca”, alertaron.

“Los empresarios hemos seguido invirtiendo, endeudándonos y trabajando a pérdida, muchas veces por el solo hecho de que los trabajadores no pierdan su fuente de sustento. La falta de respuestas por parte del gobierno durante meses es totalmente irresponsable y, en la práctica, termina condenando a algunas empresas”, señalaron en el comunicado. Tal y como recordaron CIPU y CAPU, el sector viene solicitando en distintas instancias y reuniones “medidas urgentes para evitar la paralización de la flota pesquera industrial y con ello, los daños que provoca a todo el entramado empresarial y social del sector”.

“La Industria Pesquera puede y debe ser una fuente de riqueza para los uruguayos”, apuntaron, además, advirtiendo que se podría duplicar o triplicar la producción y el empleo si el sistema político decide “de una vez por todas si quiere que en nuestro país haya pesca o no”. “No tomar acciones o seguir demorándolas es también una decisión, con consecuencias que el Poder Ejecutivo tendrá que asumir”, concluyó el comunicado.

Cambios y conflicto

Las cámaras empresariales relacionadas con la pesca solicitan al gobierno algunos cambios que colaboren con una baja de los costos que, según denuncian, hacen inviable a la actividad por fuera de la zafra, sobre todo tras un mal año por, entre otros factores, una fuerte competencia argentina. Uno de los reclamos es sobre el decreto 233 de 2009 por el que se otorgó un cómputo jubilatorio bonificado para los trabajadores pesqueros.

También se reclama volver a un esquema de aportes por fictos –como se hizo en algún momento- y no por los salarios reales de los trabajadores. Otro punto refiere a las primas por accidentes del Banco de Seguros (BSE), que son señaladas como de las más altas del país. Los costos de permisos de pesca de la Dinara, la transformación de las multas en apercibimientos y equiparar las condiciones de costos y operaciones en puertos y muelles son otras cuestiones puestas sobre la mesa por la CIPU y la CAPU, y a las que el gobierno no estaría dando respuesta.

Sin embargo, para los trabajadores la situación es otra, y advierten que la paralización de actividades —que llevó a la entrega de un seguro de paro especial por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)— es parte de una estrategia premeditada que apunta a la próxima negociación salarial, así como a la búsqueda de beneficios o exoneraciones impositivas para el sector.