Ajuste asimétrico: Milei y Caputo pagaron subsidios por US$3 mil millones a las 500 mayores empresas del país
El ajuste recae con fuerza sobre los sectores más postergados de la sociedad mientras que para los más acomodados destinan cada vez más beneficios.
Javier Milei junto a Luis Caputo.
Mientras profundiza el ajuste sobre los sectores más postergados de la sociedad como los jubilados, discapacitados y trabajadores, el tándem que integran el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, benefician con ingentes subsidios a las 500 mayores empresas del país. Así lo dejó en evidencia el último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que advierte lo que ya es una evidencia a todas luces: la brutal asimetría de las políticas de ajuste del gobierno libertario. Mientras se ensaña con los sectores más débiles beneficia a los más acomodados.
El IPyPP desarma el relato libertario y echa por tierra el viejo mantra liberal sobre la supuesta "presión fiscal asfixiante" que inhibiría la inversión y la iniciativa privada. Esto que en todo caso sí podría afectar significamente a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que son al mismo tiempo las mayores generadoras de empleo no alcanza sin embargo a las 500 mayores compañías no financieras del país que en el era Milei fueron objeto de numerosos beneficios fiscales.
"la carga tributaria efectiva sobre las 500 corporaciones no financieras más grandes del país ha experimentado un proceso de erosión ostensible" advierte el informe entre sus conclusiones y detalla de que "a la par que la contribución impositiva de este selecto grupo de firmas disminuye -sea mediante regímenes promocionales o la sofisticación de estrategias empresarias de planificación fiscal agresiva-, las transferencias estatales y los subsidios mantuvieron un volumen de magnitud considerable".
Y concluye que de esta manera el gobierno libertario configuró una dinámica de intervención estatal asimétrica que, al tiempo que profundiza la crisis fiscal y acelera el ajuste del gasto público sobre partidas presupuestarios esenciales para las condiciones de vida de las grandes mayorías, como salud, educación e infraestructura, traslada progresivamente la mayor cuota del esfuerzo tributario hacia los trabajadores y demás perceptores de ingresos fijos.
"Este proceso refleja el fenómeno de la captura corporativa del Estado, en el cual las políticas públicas, los incentivos tributarios y los esquemas de regulación quedan subordinados a la capacidad de incidencia y a las estrategias de acumulación de los grupos económicos concentrados", concluye el IPyPP.
Las evidencias expuestas confirman la dinámica reciente de la cúpula empresarial, garantizando cuotas extraordinarias del excedente a un puñado reducido de firmas orientadas al enclave primario-extractivo (especialmente hidrocarburos y minería), a los servicios públicos regulados y a la intermediación comercial dominante. Se trata, en suma, de la consolidación de una estructura productiva crecientemente reprimarizada y simplificada, donde el "sacrificio fiscal" asumido por el Estado carece de contraprestaciones efectivas en términos de densificación industrial, desarrollo tecnológico, soberanía económica e integración nacional
En ese sentido, el IPyPP advirtió que las 500 empresas más grandes de Argentina reciben un volumen significativo de subsidios y beneficios fiscales asociados a regímenes de promoción. Por caso, en 2024 estos beneficios alcanzaron los 2.950 millones de dólares, lo que representa el 18% de las ganancias antes de impuestos. Este fenómeno evidencia que la relación fiscal entre el Estado y las grandes empresas no se limita a la recaudación de impuestos, sino que también involucra transferencias de recursos y renuncias tributarias de magnitud considerable.
El informe señala sin embarfo que "la reducción de impuestos no constituye, por sí misma, una política que deba ser rechazada como tal ni tampoco una política de desarrollo. Su legitimidad y efectividad dependen de los objetivos que persiga, de las condiciones establecidas para acceder a los beneficios y de los mecanismos mediante los cuales el Estado pueda orientar, monitorear y evaluar sus resultados".
En este sentido, los incentivos fiscales pueden constituir herramientas legítimas de política económica cuando contribuyen efectivamente a fortalecer la soberanía económica, ampliar las capacidades productivas y tecnológicas y reducir restricciones estructurales al desarrollo. Para ello, deben encontrarse subordinados a objetivos estratégicos claramente definidos, sujetos a condiciones y metas verificables y acompañados por capacidades estatales suficientes para garantizar su cumplimiento.
El problema, por lo tanto, no reside necesariamente en la reducción de la carga tributaria, sino en las condiciones bajo las cuales esta se implementa y en los resultados que genera. Cuando los beneficios fiscales no están sujetos a metas, plazos y mecanismos efectivos de evaluación, existe el riesgo de que una herramienta concebida originalmente como incentivo a la inversión se transforme en una transferencia permanente de recursos públicos hacia determinados segmentos del capital. De este modo, lo que debería constituir un instrumento para promover determinadas capacidades tecnoproductivas puede convertirse en una prebenda de carácter permanente, desvinculada de objetivos de desarrollo y difícil de revertir.
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