El Gobierno le aceptó la renuncia al juez Marcelo Bailaquie, acusado de tener vínculos con el narcotráfico

La decisión fue confirmada a través de un comunicado del Ministerio de Justicia. En el mismo, se detalla que Bailaque se encuentra actualmente imputado "por presunta comisión de múltiples delitos de gravedad y con prisión preventiva dictada por el Juzgado N°4 de Rosario y confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de la misma jurisdicción".

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Desde la cartera dirigida por Cúneo Libarona detallaron que, producto de la renuncia, Bailaque perderá sus fueros, lo que permite la continuidad del proceso judicial en su contra. Así, el imputado dejará su cargo oficialmente desde este martes 1° de julio.

Entre otros delitos, al exjuez federal se lo acusa de: delitos de extorsión; concusión; prevaricato; abuso de autoridad; incumplimiento de deberes de funcionario público; falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal.

"El gobierno nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional. No hay lugar para la impunidad en la nueva Argentina del presidente Javier Milei", detalló el comunicado.

En este sentido, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, sostuvo que desde el Gobierno nacional se busca que se investigue a fondo el caso y advirtió que - en caso de que Bailaque sea encontrado culpable - el exmagistrado podría perder el derecho a percibir la jubilación de privilegio, según establece el artículo 19 del Código Penal. "No hay intocables. Nuestro compromiso con la restauración moral y ética de la República es total. Estamos llevando adelante una reforma profunda y estructural de la Justicia que permitirá que los delincuentes vayan presos”, afirmó Amerio.

Las causas contra Bailaque

En detalle, el exjuez había presentado su renuncia el pasado 11 de junio, en medio de tres investigaciones internas y una causa penal en curso. La Comisión de Acusación del Consejo, presidida por el senador de PRO Luis Juez, había votado por unanimidad el dictamen acusatorio del Jury de Enjuiciamiento a llevarse a cabo - que fuera elaborado por el diputado Álvaro González y el abogado consejero Alberto Maques -, en donde se detallaban una serie de hechos que, a criterio de los acusadores, configuran mal desempeño, falta de integridad, transparencia e imparcialidad por parte de Bailaque.

El primer señalamiento apunta a su actuación en expedientes relacionados con el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. A pesar de que su contador era Gabriel Mizzau - quien también llevaba las finanzas de Alvarado - y de que el hijo de Mizzau trabajaba en su juzgado, Bailaque no se excusó de intervenir en los casos que involucraban al narco. Por el contrario, obstaculizó pruebas clave, como intervenciones telefónicas, y dilató procesos judiciales fundamentales.

El segundo cargo se refiere a una supuesta maniobra de extorsión contra el empresario Claudio Iglesias. Según la denuncia, el financista Fernando Whpei - íntimo del juez - y el exjefe de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna (quien declaró como arrepentido), habrían participado en el armado de una causa judicial para exigirle una coima de 200 mil dólares a cambio de archivar la investigación.

El tercer hecho cuestionado involucra el presunto desvío de fondos públicos de una cooperativa de estibadores que estaba intervenida por la Justicia. Parte de ese dinero habría terminado en la mutual Grupo Unión, una entidad manejada por Whpei. A pesar de sus vínculos personales con los involucrados, Bailaque no se apartó del expediente y benefició a su entorno cercano.

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