El periodista brasileño deportado de la Argentina denunció persecución política del Gobierno
Rogério Tomaz afirmó que la cancelación de su residencia se debe a sus críticas públicas a Milei, mientras que Migraciones argumentó inconsistencias en sus trámites de radicación.
El periodista brasileño José Rogério Carvalho Tomaz, vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) y deportado recientemente tras intentar ingresar a la Argentina por Aeroparque, denunció en declaraciones televisivas ser víctima de una persecución política por parte de la administración nacional. La Dirección Nacional de Migraciones le impidió el ingreso, le retuvo el DNI de residente y le fijó una prohibición de entrada por cinco años.
Según relató en C5N el cronista, sus problemas comenzaron luego de difundir en redes sociales un video grabado en la Facultad de Medicina en el que cuestionaba al presidente Javier Milei. Tomaz sostuvo que a partir de ese momento fue blanco de campañas de hostigamiento e insultos por parte de militantes oficialistas, lo que derivó en la cancelación de sus credenciales de residencia permanente.
La versión del comunicador
Durante la entrevista, Tomaz explicó que desde 2011 viaja regularmente al país tres o cuatro veces al año y que vivió en Buenos Aires de forma continua entre 2020 y 2022, período en el cual obtuvo la residencia permanente. Aseguró que la resolución que le impidió el paso resulta arbitraria y anticipó que recurrirá a la vía legal para recuperar sus derechos y regresar al territorio nacional.
La denuncia de persecución política fue dirigida directamente al director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira, más conocido en redes por su apodo Juan Doe.
"No hay duda de que fue una persecución política del gobierno de Milei", remarcó el periodista, quien ironizó al afirmar que conservará el acta de deportación como un "diploma de honor".
Argumentos de la Dirección Nacional de Migraciones
Por su parte, desde el organismo migratorio rechazaron de forma categórica las acusaciones de motivaciones políticas y explicaron que la expulsión se ajustó estrictamente al cumplimiento de la normativa vigente.
Según detallaron las autoridades, se constató que el ciudadano permaneció en la Argentina solo 153 días desde que obtuvo su radicación en enero de 2022, además de comprobarse la ausencia de actividad laboral, estudios formales o residencia efectiva en el domicilio que había declarado en el expediente. Con base en esos hallazgos, la cancelación de la residencia fue dispuesta el 5 de agosto de 2026 bajo el amparo de la Ley de Migraciones y el Decreto 366/2025.
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