Casación ordenó buscar a Luciano Arruga y cuestionó la investigación
Los jueces hicieron lugar a un habeas corpus presentado por la familia del joven, quien desapareció en 2009 luego de haber estado presuntamente en un destacamento policial de Lomas del Mirador.
Los jueces de la sala IV, Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hicieron lugar a un habeas corpus presentado por la familia de Luciano Arruga, el cual había sido rechazado previamente por el juez federal de Morón Juan Pablo Salas y la Cámara Federal de San Martín.
A diferencia de los anteriores fallos adversos a la familia, el magistrado consideró que este fin (hallar el cuerpo) "no coincide con el objeto propio del proceso penal, esto es esclarecer los hechos que lo damnificaron y sancionar a los responsables".
Por su parte, el juez Borinsky citó en su voto el "Caso Bulacio", por el que el Estado argentino fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y recordó el "derecho de la víctima y sus familiares a saber la verdad".
Arruga salió de su casa de Lomas del Mirador cerca de las 21 del 31 de enero de 2009, con 1,50 pesos en su poder hacia un ciber cercano, pero nunca regresó.
La familia sostiene que fue conducido al destacamento policial local, que no estaba habilitado para la detención de personas, y que lo hicieron desaparecer por negarse a robar para la Policía.
Es que de acuerdo al expediente, Luciano ya había sido detenido y torturado en septiembre de 2008 en el mismo destacamento, luego de lo cual les relató a sus familiares las exigencias de los efectivos.
Con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la familia comenzó a reclamar en abril que se busque el cuerpo de Luciano, en el marco de la causa en la que se investiga la "desaparición forzada" del joven.
La intención de los familiares es que se abra una causa paralela a la principal, en la que se investiga a ocho ex policías por su presunta relación con el hecho.
En un comunicado, el CELS celebró la decisión y remarcó que en el fallo "los jueces reconocen la responsabilidad del Estado en la desaparición del joven y las graves deficiencias que hubo en la investigación realizada en la provincia de Buenos Aires que, en cinco años, no le dio ninguna respuesta a su familia".
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