Un departamento en Uruguay promete sancionar a los "socios conductores" que utilicen Uber, una aplicación para compartir coches que amenaza a los taxistas y cuyo desembarco causa gran revuelo en el país.
La alcaldía de Canelones "advierte a los 'aspirantes a socios conductores' de la plataforma tecnológica Uber que el servicio de transporte de personas y sus respectivas tarifas en Uruguay, está 100% regulado y por lo tanto se verán expuestos a las fiscalizaciones correspondientes".
"Se aplicarán no solo las multas por la violación de la normativa sino también el retiro de las chapas matrículas de los vehículos", indicaron las autoridades en el comunicado colocado en su página de internet.
Se trata de la primera advertencia explícita que se produce en Uruguay tras la convocatoria lanzada por Uber en Twitter la semana pasada a interesados en asociarse como conductores a esta red de transporte en común, que genera polémica alrededor del mundo.
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El servicio permite que particulares ofrezcan traslados a través de la aplicación, y pone los pelos de punta a las compañías de transporte establecidas
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Canelones, por ejemplo, ve una amenaza directa a las fuentes de trabajo formales en el sector transporte y "comunica la preocupación por el cuidado de los servicios públicos de transporte y el mantenimiento de las fuentes de trabajo de taxis, remises, buses".
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Entrevistado por la radio local Sarandí, el director de Tránsito de esa alcaldía, Marcelo Meteviera, dijo que "para la intendencia lo que no cumple con la normativa es quien transportará a esos futuros pasajeros".
"Para transportar pasajeros tenés que estar dentro del sistema", enfatizó y dijo que aplicarán los mismos controles que a los llamados taxis "truchos", vehículos particulares que hacen las veces de taxis pero no están registrados como tales.
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, también expresó su preocupación por la aparición de Uber y su impacto en el transporte en la capital uruguaya, poblada por 1,5 millones de personas.
Martínez indicó que espera tener una opinión legal para pronunciarse sobre esta plataforma, pero en buena medida adelantó su tesitura, similar a la de quienes rechazaron la existencia del sistema sin regulación previa.
"Todo tiene que pasar por lo que son las normativas", expresó Martínez en declaraciones a periodistas. "Nosotros estamos abordando el tema", que pasará a consulta jurídica en la Intendencia de Montevideo, señaló.
"Entendemos que no puede haber un sistema de transporte que esté por fuera de la regulación y control de la intendencia", concluyó.
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