En una sesión especial los legisladores aprobaron la iniciativa con 49 votos a favor y 15 en contra. El proyecto de ley busca declarar la "emergencia pública ocupacional" por seis meses en todo el país.

El Senado dio media sanción, en sesión especial pedida por la oposición mayoritaria, al proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional en todo el territorio nacional, en un intento por frenar por 180 días los despidos en el ámbito público y privado.

La iniciativa se aprobó por 49 votos afirmativos, 15 negativos y ninguna abstención. El presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social y autor de la iniciativa, Daniel Lovera, explicó que el proyecto apunta a proteger "el empleo por un período limitado" a la espera de que "cambien las condiciones socioeconómicas del país.


Embed

"Hemos sido responsables al votar leyes a favor de pagar la deuda externa. Ahora es tiempo de ser responsable de saldar las deudas sociales y las deudas laborales que tiene el país", marcó el referente del peronismo disidente.

El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria subrayó que "el Senado va a estar siempre con los trabajadores" mientras que su colega del radicalismo, Angel Rozas, votó en contra: "No acompañamos porque no creemos que sea la mejor herramienta para esta circunstancia", dijo en el discurso final. En las mociones previas, el chubutense Mario Pais, en nombre del mayoritario bloque PJ-FpV, avaló la propuesta, que prohíbe los despidos por el lapso mencionado y habilita al trabajador a buscar por vía judicial su reinserción en el puesto de trabajo o la opción del despido con doble indemnización; y dijo que cuando se trata de empleo "se está hablando de un derecho humano, garantizado por la Constitución Nacional, el derecho al trabajo".

En cambio, el macrista Federico Pinedo cuestionó la iniciativa opositora al apuntar: "Cuando hay desempleo, lo que hay que hacer es generar empleo, esta es la obligación fundamental" y dijo que el dictamen de mayoría protege "a los trabajadores en blanco actuales", pero quedan afuera "los trabajadores en negro y a la gente que no tiene empleo" así como no resuelve la situación de "los jóvenes que deben ser incorporados al empleo".

El salteño Rodolfo Urtubey expresó, por su parte, el respaldo en general, pero pidió que se "exceptúe a las pequeñas y medianas empresas" porque dijo que "hay un enorme trama social de pequeños productores donde no se da esta relación patrón-obrero (como en las grandes empresas)", que contó con el respaldo del sanjuanino Roberto Basualdo (Compromiso Federal), quien por su parte pidió que el caso "de las contrataciones que efectúen dichas empresas pymes se establezca un período de prueba de 12 meses".