El multimedio denunció penalmente por "incitación a la violencia y coacción agravada" a un grupo de periodistas, agrupaciones políticas y funcionarios. La presentación se suma al "per saltum privado" que realizó el Grupo el jueves último.
A dos semanas de la entrada en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
el Grupo Clarín denunció penalmente por "incitación a la violencia y coacción agravada" contra sus directivos a varios ministros del Gobierno nacional y legisladores.

La acción penal, a través de un escrito de 35 páginas, fue interpuesta por los abogados del multimedio el jueves pasado. La acusación incluye también a integrantes de agrupaciones políticas y abarca además a periodistas y a directores de diarios.

En la presentación del abogado de Clarín, José María Sáenz Valiente, se estima que los denunciados "podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, segundo apartado, que expresa: "Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

Una de las denuncias se fundamentaría en un textual extraído de un director de un diario durante su participación en un programa televisivo, donde dio su opinión sobre la protesta de Prefectos y Gendarmes, que tuvo lugar en octubre.

Sobre los ministros y legisladores, la presentación afirmaría que "resulta aun más peligrosa la actitud de gobierno y de algunos funcionarios que insisten en la fijación de un verdadero punto de inflexión o `deadline` en este conjunto de acciones intimidantes contra la empresa y sus directivos".

La denuncia penal se tramita en la causa 12383/2012 y recayó en el Juzgado Federal 9, a cargo del magistrado Luis Rodríguez.

La presentación contra funcionarios y periodistas se suma al "per saltum privado" realizado el mismo jueves 22 de noviembre por el Grupo Clarín ante la Corte Suprema de Justicia, en el que pidió que se disponga la extensión de la medida cautelar que vence el 7 de diciembre.

Según el escrito hay una situación de "indefensión" (sic) generada por "las recusaciones, excusaciones y renuncias", que deja al Grupo en esa instancia "por carecer de la posibilidad de que se conforme un tribunal competente que resuelva en tiempo útil la extensión de la medida cautelar que el 7 de diciembre próximo perderá vigencia".