La audiencia comenzó sin la presencia del ministro de Justicia Julio Alak, que debió posponer hasta este martes su exposición ante la Comisión Bicameral. Se espera también la presencia del titular de la Corte Suprema.
La Comisión Bicameral retomó este lunes poco después de las 14 el debate para avanzar en la reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial impulsada por el Gobierno nacional. Tras una hora y media de discusión, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes.
Este lunes se esperaba la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, para exponer aspectos del texto y responde preguntas de los legisladores, muchos de los cuales ya se pronunciaron en contra de los cambios propuestos, sin embargo debió postergar su participación hasta mañana a las 14. También está previsto que mañana participe del plenario de comisiones el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
La principal polémica que plantea la oposición es sobre el punto que pretende regular las responsabilidades legales del Estado. La iniciativa señala entre sus fundamentos que "busca brindar mayor previsibilidad jurídica a las relaciones de las autoridades públicas con los particulares" y establece que los requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima y legítima.
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Entre otros puntos, el Código establece que el comienzo de la existencia humana se inicia en la concepción y, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, "con la implantación del embrión en la mujer". En ese sentido, el proyecto dispone que "la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial".
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La intención del Frente para la Victoria es acelerar todos los procesos y tratar el tema en el recinto en forma "concordante" con el nuevo Código Civil.
Como el 20 de noviembre es la fecha límite que tienen las comisiones para sacar dictamen debido a que el 30 de noviembre finaliza el período ordinario de sesiones, se reunirán varias comisiones para apurar la firma de despachos sobre proyectos cuyo tratamiento quedó frenado por el intervalo de la elecciones legislativas.
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