Denuncian a funcionario "K" por un "mal manejo de los fondos públicos"
El ex titular de la Superintendencia de AFJP y actual Superintendente de ART, Juan González Gaviola, fue denunciado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos que habrían costado al Estado cientos de miles de pesos, según la demanda presentada por un ex magistrado.
La denuncia fue realizada por el ex juez de Instrucción porteño Mariano Bergés y recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadío, según se informó hoy.
En su presentación, Bergés aseguró que González Gaviola se encargó de "desmantelar" una oficina encargada de llevar los juicios contra las AFJP y en su reemplazo contrataron a un estudio externo de abogados, que cobró por su trabajo en sólo un juicio "300 mil pesos de honorarios".
"Uno de los procesos que estaba en marcha llegó finalmente a juicio oral. ¿Qué decidió la plana mayor? Contratar un estudio de abogados penalistas externo, que le costó a la SAFJP más de 300.000 pesos", según Bergés.
Además, sostiene que fue nombrado en el área encargada de seguir los juicios "otro agente de la repartición sin la idoneidad, conocimiento y capacidad suficiente para afrontar el juicio en ciernes. Por ese motivo, precisamente, se prefirió contratar el estudio de abogados externo".
Bergés recordó en su denuncia que él se desempeñó en esa área hasta que fue cesanteado cuando trascendió que había sido procesado por intervenir los teléfonos del ex senador Luis Barrionuevo, cuando trabajaba como juez de Instrucción.
Para el ex juez, esa cesantía fue dispuesta por González Gaviola porque "como ex diputado nacional había recibido pedidos concretos de algún sector político".
Asimismo, denunció que fue despedido un abogado de planta que estaba al frente del área, Diego Guerendian, quien se había negado a firmar un dictamen para cesantear a Bergés.
"Al llegar González Gaviola en enero del año 2004 al organismo, existían en concepto de montos por multas percibidas aproximadamente 35.000.000 de pesos. Se tiene conocimiento que cuando el aludido dejó su cargo, existía en concepto de multas poco menos de 3.000.000 de pesos", afirmó el denunciante.
"No es una cuestión de ética. Es el deliberado intento de beneficiarse a costa del Estado o de quien fuera. Y, siendo así, la conducta puede enmarcarse en el delito de administración fraudulenta", señaló Berges, quien además solicitó que el funcionario también sea investigado por el supuesto delito de "violación de los deberes del funcionario público".
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