Instan a EE.UU. a que "asuma la responsabilidad por los actos ilegales" de Griesa

La conferencia de prensa fue brindada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el canciller Timerman y la consejera Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, quienes dejaron en   claro que la demanda presentada ante el Tribunal Internacional de La Haya es "contra los Estados Unidos, en el marco de la controversia entre Estados y no contra los fondos buitre, ni de revisión de las decisiones adoptadas por la Justicia".

Para el canciller la controversia es porque "las decisiones de los tribunales de Estados Unidos comprometen  la responsabilidad internacional de dicho país" y violan la responsabilidad del Estado, según la Carta de Naciones Unidas, dijo.

Timerman denunció que Estados Unidos no ha contestado "ni al país, ni a la Corte si acepta dirimir la controversia nacida de las decisiones ilegales que su país ha permitido, violando la soberanía de la Argentina".

El funcionario consideró luego que es "producto de cierta ignorancia" el planteo del principio de división de poderes, "que son inoponibles ante el tribunal internacional, para desligarse del hecho ilícito. Estados Unidos debe asumir la responsabilidad de los actos ilegales del juez (Thomas) Griesa".

También explicó que las decisiones sobre el pari passu -la cláusula de igualdad de condiciones en las ofertas a los bonistas- "no sólo es arbitraria; se extralimita en la competencia de los jueces" porque abarcó bonos "que no estaban judicializados, afectando a la inmensa mayoría que aceptaron el canje y no son parte del proceso iniciado por los fondos buitre".

El canciller instó al juez norteamericano a "respetar el derecho internacional", y reafirmó que la Argentina "no cedió su soberanía" en el tema, al tiempo que señaló que el magistrado pretende "estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad de otro estado miembro de las Naciones Unidas" para que Argentina "no pueda llegar a cumplir el pago de los bonos, forzando su decisión soberana de reestructurar su deuda".

Timerman denunció además una campaña de agravios de parte de miembros del Congreso de EEUU, al señalar que políticos de ese país han recibido de parte de Paul Singer y sus empresas donaciones directas por más de 10 millones de dólares que tienen una única finalidad, que es forzar a la Argentina a pagar a los fondos buitre, para lo cual se ha formado un `Grupo de tareas` sobre la Argentina.

Señaló que la decisión de presentar la demanda se tomó luego que tres funcionarios, entre ellos él, fueron informados oficialmente que funcionarios del Poder Ejecutivo de EEUU habían sido instruidos -por los departamentos de Estado y del Tesoro- a no dialogar con funcionarios de Argentina sobre la deuda y la reestructuración de la deuda.

Hubo otra mención acerca de que en el debate de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el conflicto con los fondos buitre -salvo Estados Unidos y Canadá- todos respaldaron el trabajo argentino, aunque Estados Unidos dijo que no iba a emitir opinión sobre el tema por la separación de poderes.

El canciller ratificó que se trata de una demanda ante la Corte Internacional de La Haya "por una violación directa a la soberanía, emanada de una decisión judicial de Estados Unidos", y agregó que después de la presentación, el Poder Ejecutivo estadounidense, a través de funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro que pidieron no ser identificados, rechazaron la jurisdicción de la Corte.

El canciller denunció que EEUU no ha contestado "ni al país, ni a la Corte, si acepta dirimir la controversia nacida de las decisiones ilegales que su país ha permitido, violando la soberanía de la Argentina".

Y señaló que Argentina optó por presentarse ante la Corte aún sabiendo que EEUU podría negarse a presentarse ante una Corte imparcial, "sabiendo que varias veces no acató sus sentencias en contra de sus acciones violatorias al derecho internacional".

En la misma línea, Capitanich, precisó que la demanda fue presentada el pasado 7 de agosto y agregó que se trata de una disputa vinculada a decisiones de la Justicia de EEUU que afectan la restructuración de la deuda soberana argentina.

"El rol de la Argentina tiene que ver con la defensa de su soberanía y entender que la aplicación de una serie de acciones o medidas han impedido objetivamente el cobro de parte de los acreedores y esto ha generado obstáculos para el proceso de reestructuración y constituye una violación de la soberanía argentina y de sus inmunidades", consideró el Jefe de Gabinete.