Palacios compró datos de opositores que lo critican

El ex jefe de la Metropolitana lo admitió ante la Justicia. Dijo que fue para poder demandarlos.

Télam
Por Télam
El ex comisario federal y ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, admitió este jueves que recabó informes financieros sobre legisladores opositores a la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires pero dijo que lo hizo para demandarlos ante la Justicia por haberlo criticado por su rol en la pesquisa del atentado a la AMIA.

Palacios concurrió al juzgado federal de Norberto Oyarbide para ampliar su declaración indagatoria en la causa donde está procesado por escuchas ilegales telefónicas acusado de un nuevo cargo relativo a la contratación de la firma NOSIS para obtener datos de legisladores y hasta del jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
 
El ex comisario declaró dos horas, contestó preguntas y dejó un escrito donde rechazó los cargos en su contra, en la causa donde también está procesado Macri.
 
Palacios aceptó que a través de su consultora "Security Strategic Consultancy SR" compró a NOSIS informes sobre los legisladores Gonzalo Ruanova, Silvia La Ruffa y Diana Mafia.

Estos informes fueron hallados en las computadoras de la empresa durante un allanamiento hecho en el marco de la causa por escuchas ilegales.

La búsqueda de datos financieros y patrimoniales abarcó además a Horacio Rodríguez Larreta y al dirigente municipal Patricio Datarmini.
 
Palacios no podía buscar estos datos como funcionario público, ya que la ley de
inteligencia se lo impide.
 
El imputado argumentó que buscaba entablar una demanda civil contra todos por las críticas de las que era objeto a raíz de su rol en la investigación del atentado a la AMIA como policía federal y luego en la represión del 20 de diciembre de 2001, que derivó en la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa.
 
Palacios fue excarcelado en diciembre pasado por la Cámara Federal luego de pasar más de un año preso por orden de Oyarbide, al procesarlo por asociación ilícita en la causa por el espionaje telefónico.

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