A través del abogado León Arslanian, Pan American Energy solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral anular medidas ejecutadas en la causa que investiga el eventual pago de sobornos, incluido el procedimiento que realizó en Rawson el fiscal federal Guillermo Marijuan. El pedido sería rechazado por el magistrado.
Mientras se espera la confirmación de la fecha en que el fiscal federal Guillermo Marijuan viajará a Estados Unidos para ejecutar en persona el exhorto a la Securities and Exchange Commission (SEC), el jueves se confirmó que Pan American Energy (PAE) solicitó la nulidad de diversas medidas solicitadas en la causa federal que investiga el presunto pago de coimas para obtener la concesión del yacimiento Cerro Dragón hasta 2047.
Según la información a la que pudo acceder Diario Patagónico, la operadora, socia de British Petroleum (BP) solicitó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral la nulidad de las últimas medidas ejecutadas, entre ellas los procedimientos que encabezó el fiscal federal Guillermo Marijuan el martes 24 de febrero en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Rawson, donde se solicitó información de tres áreas sindicadas por el procurador general, Eduardo Samamé, como el nexo para el pago de sobornos.
El pedido fue ejecutado a través del abogado León Arslanián, quien en 2014 ya había asesorado a la operadora luego de que se conociera que BP se había autodenunciado en la Comisión de Valores de Estados Unidos para investigar posibles pagos irregulares en el marco de la negociación. El pedido, sin embargo, sería desestimado por Canicoba Corral luego de que el mismo fiscal Marijuan dictamine la nulidad del planteo. De esta forma se daría crédito a las medidas ejecutadas en la causa originada por la firma de aquel convenio en 2007 con el gobernador Mario Das Neves.
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Por otro lado, se supo que el juzgado federal recibió el exhorto que había enviado a la SEC, pero sin respuesta, ya que el pedido no cumplía todos los requisitos que exige esa comisión, por lo que fue devuelto desde Estados Unidos.
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Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le confirmaron al mismo juez las exigencias de este organismo y los requisitos que se deberán cumplir, entre ellos el acompañamiento de la denuncia en la cual el gobierno provincial es querellante, y la acusación realizada por Samamé. Por ello deberá ser ejecutado nuevamente.
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