Confirman millonaria multa a Telefónica por violar la ley de Defensa de la Competencia

Política

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este miércoles una multa aplicada Telefónica y otras empresas que participaron de la denominada "Operación Telco", con la que conformaron un grupo societario que había pasado a controlar a Telecom. En su fallo, el máximo tribunal del país se remitió a los fundamentos expuestos por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

La multa había sido impuesta de acuerdo a lo que establece la ley de Defensa de la Competencia, por no informar su participación en Telecom a través de la compra de acciones de la controlante en Italia. Si bien la penalidad había sido ratificada en una instancia anterior, fue por un monto menor.

Un fallo de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico había confirmado la medida pero por montos menores a los fijados por la Comisión de Defensa de la Competencia. De 104 millones, la multa a Telefónica se redujo a 50 millones. Además, había revocado las sanciones a las otras firmas.

Ahora la Corte, se remitió a los argumentos de un dictamen de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y decidió confirmar "la sentencia con respecto a la sanción aplicada a Telefónica S. A.", y dejar "sin efecto en cuanto redujo el monto de la multa fijado por la Secretaría de Comercio Interior y en cuanto revocó la sanción aplicada a Pirelli CSPA., Assicurazzioni Generali SpA., Intesa Sanpaolo SpA, Mediobanca SpA, Sintonía SA y Ediziones SRL", de acuerdo al fallo. Todas estas empresas participaron de la "Operación Telco", con la que conformaron un grupo societario que había pasado a controlar a Telecom.

Por ello, de acuerdo a lo que establece la ley de Defensa de la Competencia, se les impuso las siguientes multas: Telefónica SA, $ 104.692.500; Assicurazioni Generali SpA, $ 43.414.500; Intesa San Paolo SpA, $ 17.649.000; Mediobanca SpA, $ 17.437.000; Sintonia SA, $ 17.264.000, y Pirelli SpA, $ 35.520.000.

En el dictamen, Gils Carbó había explicado que la cuestión controvertida se trataba sobre si Telefónica SA había adquirido, a través de la "Operación Telco", influencia sustancial sobre Telco SpA. En este sentido, destacó que Telefónica no aportó argumentos concretos para cuestionar que Telco SpA controla Telecom Italia SpA e, indirectamente, Telecom Argentina SA.

La titular del Ministerio Públioco Fiscal señaló que la toma de control por parte de una empresa, en el ámbito del régimen de defensa de la competencia, excede la noción de control societario dispuesto en la ley de Sociedades Comerciales, para abarcar también el supuesto de influencia sustancial.

Otro de los puntos relevantes del dictamen de Gils Carbó fue el análisis desarrollado sobre el rol de la autoridad de aplicación de la ley de defensa de la competencia y la evaluación de las sanciones que se habían tomado respecto a los incumplimientos en que incurrieron todas las empresas que participaron de la "Operación Telco".

Respecto a las multas, Gils Carbó señaló que fueron determinadas en función de un conjunto de factores, que el fallo de la Cámara apenas mencionó "y, sin efectuar un análisis concreto con relación a los hechos del caso ni a las valoraciones efectuadas por la Secretaria de Comercio Interior al respecto, consideró que la sanción era excesiva".

Lo anterior, llevó a que la procuradora entendiera que la decisión del tribunal fuera dogmática y desprovista de fundamentos, "por lo que no puede ser reputada como un acto jurisdiccional válido y, en este punto, debe ser dejada sin efecto en virtud de la doctrina de la arbitrariedad". Todo esto fue confirmado por la Corte en su fallo.

Operación Telco

Entre abril y octubre de 2007 se negoció y suscribió un acuerdo por el cual las sociedades europeas Telefónica SA, Assicurazioni Generali SpA, Sintonia SA, Intesa San Paolo SpA y Mediobanca SpA constituyeron la sociedad Telco SpA, de la cual pasaron a ser accionistas en las siguientes proporciones: Telefónica SA adquirió el 42,3 por ciento del capital accionario; Assicurazioni Generali SpA, el 28 por ciento; Sintonia SA, el 8,4 por ciento; Intesa San Paolo SpA, el 10,6 por ciento; y Mediobanca SpA, el 10,6 por ciento. Luego, a través de Telco SpA, adquirieron cerca del 24 por ciento de las acciones con derecho a voto de Telecom Italia SpA.

La noticia de esta operación -identificada como "Operación Telco"- apareció en la prensa argentina a comienzos de mayo de 2007. Esto dio lugar a una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dado que esa operación implicaba que Telefónica SA -empresa controlante de uno de los dos actores dominantes del mercado de telecomunicaciones de la Argentina, Telefónica de Argentina SA- adquiriera acciones de una empresa controlante del otro de los actores dominantes de ese mercado -Telecom Argentina SA, de la que Telecom Italia es, indirectamente, uno de los accionistas principales-.

La investigación tuvo por objeto determinar si la operación configuraba una concentración económica de las que exigen el control previo de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia (ley 25.156).

Tras esa actuación, la CNDC entendió que Telco SpA había sido constituida con el propósito de controlar Telecom Italia y que Telefónica SA tenía influencia sustancial sobre Telco SpA, en los términos de la ley de defensa de la competencia. Por ello, y dado el volumen de negocios de las empresas afectadas en el país (Telecom Argentina y Telefónica de Argentina), el organismo concluyó que la operación debió haber sido notificada y sometida al procedimiento de control previo de acuerdo con las normas previstas en la ley 25.156.

Entre el 15 de enero y el 9 de marzo de 2009, las seis empresas involucradas en la "Operación Telco" notificaron la transacción. A raíz de ello, se inició un proceso de evaluación que culminó, tras varias incidencias, en la autorización de la operación, aunque subordinada al cumplimiento de ciertas condiciones en los términos.

La causa en la que intervino la Procuradora General de la Nación versaba sobre una de esas incidencias: la imposición de multas por la omisión de notificar en tiempo y forma la "Operación Telco" a la autoridad de aplicación de la ley 25.156.

En efecto, el entonces Secretario de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Guillermo Moreno, concluyó que las seis empresas involucradas habían incumplido su deber de notificar la operación dentro del plazo legalmente previsto, ya que recién dieron noticia más de un año después y tras haber sido intimadas a hacerlo por la CNDC.

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