Retiran a Menéndez por su salud y Braga complica a Ledesma
Comenzó el primer juicio en Jujuy por delitos cometidos durante la dictadura con el testimonio del ex oficial de inteligencia.
Esta es la primera vez que alguien, que no pertenece a las entidades de derechos humanos, vincula casi directamente a la empresa Ledesma con el accionar del gobierno militar, por lo que la Justicia investiga al presidente del Ingenio Carlos Pedro Blaquier.
Durante su alocución, Braga sostuvo: "lamento todo lo que pasó con la familia de Alvarez García, el 21 de agosto de 1976", pero recalcó que él no estuvo en la Provincia en esa fecha, cuando el dirigente peronista fue secuestrado en su casa, ubicada en el barrio capitalino de Ciudad de Nieva.
"A pesar de los serios problemas de salud que tengo, vengo a contestar todo lo que me quieran preguntar porque un soldado da la cara", señaló Braga, quien dijo que se considera una víctima del Proceso de Reorganización Nacional y que repudia los procedimientos ilegales que se cometieron.
Además, aseguró que "jamás participé de ningún operativo de detención" y sostuvo que "sólo cumplía tareas administrativas en el Grupo de Artillería Nº5 y en el Regimiento de Infantería Nº20", donde actuó como auxiliar del jefe del área de defensa Nº 323, el coronel Carlos Néstor Bulacios.
En tanto, señaló que durante la dictadura participó de "operativos de ruta" en los que se pedía documentación, y en los casos en que se detectaba alguna irregularidad su tarea consistía en "avisar a la Policía".
Más adelante, admitió que tenía una mala relación con Bulacios (ya fallecido) porque "era prepotente", y aseguró que "no era agradable ese puesto". De acuerdo a su indagatoria, su tarea consistía en organizar la información de los familiares de los detenidos y las entrevistas de éstos con su jefe.
El acusado, que durante toda su alocución ante el tribunal rechazó los cargos que se le imputan, sentenció: "La muerte de algunos jefes militares es un obstáculo insalvable para conocer la verdad", en relación a las muertes del general Antonio Domingo Bussi y de Bulacios, quien aseguró que "era dueño de vidas y hacienda en Jujuy".
Tras un breve cuarto intermedio, prestó indagatoria otro de los acusados, el ex director interventor Antonio Orlando Vargas, quien habló mediante una videoconferencia desde el Hospital "San Roque", donde permanece internado en una sala común.
En su declaración, Vargas afirmó que la unidad carcelaria Nº1, ubicada en el barrio Gorriti, tenía un pabellón para los presos políticos y otro para los presos comunes.
Sin embargo, aseguró que desconocía lo que pasaba en el pabellón donde estaban alojados los presos políticos y que ese sector estaba a cargo de dos oficiales, uno de la Gendarmería Nacional, como Borges Dos Santos y Raúl Pérez, que pertenecía a servicio penitenciario.
En tanto, resaltó que "no recibía ninguna información del ingreso y egreso de los presos políticos" y destacó que "todos los que estaban en ese pabellón, dependían de Bulacios", aunque admitió que había una mujer alojada como presa política.
Al respecto, la identificó como Olga Demitropulus e indicó que estaba custodiada por celadoras del servicio penitenciario.
El tribunal dispuso que la tercera jornada de las audiencias por el juicio por crímenes de lesa humanidad se lleve a cabo mañana a partir de las 8.30. Los primeros testigos serán familiares de Álvarez García, entre ellos su viuda, quien debía declarar hoy pero finalmente se pospuso su testimonio por las indagatorias de los acusados.
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