En apenas cuatro meses la Ciudad realizó más de 700 contrataciones directas

Política

Entre octubre de 2014 y enero de 2015 el gobierno porteño gastó más de 230 millones de pesos en contrataciones que no pasaron por licitación pública. La abrumadora mayoría de ellas injustificadas según un informe por no tratarse de casos de necesidad de urgencia. Están involucrados los ministerios de Salud, Seguridad, Educación y Cultura.

En medio del escándalo de corrupción que desató el caso Niembro, un informe del legislador de la ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Fernando Muñoz, evidenció que, lejos de tratarse de un caso aislado, el modus operandi del gobierno de Mauricio Macri para desviar fondos públicos era extendido y abarcaba a casi todas la dependencias del Ejecutivo porteño.

Según el trabajo realizado por Muñoz y reproducido por Tiempo Argentino en su edición de este lunes, sólo entre octubre de 2014 y enero de 2015 el gobierno de Mauricio Macri apeló a más de 700 contrataciones directas por más de 230 millones de pesos. Durante esos apenas cuatro meses el Ejecutivo porteño apeló a los decretos 556/2010 y 752/2010, los mecanismos ideados por el propio Macri para modificar la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095) de la Ciudad y así poder evitar el llamado a licitaciones públicas y compulsas de precios.

Según consignan los periodistas Nicolás Eisler y Leandro Renou de Tiempo Argentino, durante ese período la Ciudad apeló a estos mecanismos sólo reservados para casos de urgencia para contratar "servicios tales como 'promotoras', 'provisión de frutas', 'fiestas regionales' o el recital de la artista juvenil Violetta que le costó a los vecinos más de 6 millones de pesos".

Entre octubre de 2014 y enero de 2015 la dependencia del gobierno porteño que más apeló a las contrataciones directas fue el ministerio de Salud con 480 contrataciones directas y más 119 millones de pesos. Le sigue el ministerio de Seguridad con 41 millones de pesos y el resto se divide entre las carteras de Educación y Cultura.

En sólo 120 días la ministra de Salud, Graciela Reybaud, firmó 480 contratos directos con diferentes proveedores por más de 119 millones de pesos. Según el informe de Muñoz, sólo 702 mil pesos pueden considerarse casos de urgencia. Ese número representa el 0,58% del gasto total de la cartera y se destinó a la adquisición de prótesis y marcapasos para pacientes de hospitales públicos. Los 118 millones de pesos restantes fueron para "compra de alimentos, insumos, prestaciones de servicio u obras edilicias completamente previsibles, que deberían haber sido tramitadas por licitación", explicó el legislador.

Por caso, el 31 de octubre de 2014, Reybaud pagó casi 1 millón de pesos para "Provisión de Instalación de Aire Acondicionado en distintos pisos del Ministerio". El ministerio de Salud porteño también realizó en forma urgente un contrato con la empresa Latin American Postal SA por valor de 1,2 millón de pesos. El servicio fue para la confección y el servicio de envío postal de 100 mil credenciales plásticas para vecinos que habían sufrido las inundaciones de abril de 2013, con el objetivo de que accedan al sistema de salud pública. "Las credenciales plásticas no justifican una emergencia porque la ley de salud y la constitución garantizan el acceso gratuito y universal a la atención pública en la Ciudad y porque la inundación ocurrió un año y medio antes de que se firme este contrato, además, no pudimos encontrar un solo vecino de los barrios Mitre, Saavedra, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón que hayan recibido la credencial", apunta el informe de Muñoz.

"En su artículo 26, la Ley 2095 establece únicamente tres procedimientos posibles en la selección de proveedores: licitación o concurso, contratación directa y remate o subasta pública. En el caso de la contratación directa, la Ciudad tiene la obligación de pedir al menos tres presupuestos a las empresas que están inscriptas en el registro de proveedores porteños, sólo en caso de "urgencia" o de "imprescindible necesidad". Pero esa modalidad que debería ser excepcional porque tiene controles más flexibles que la licitación, se convirtió en una regla de gobierno" señalan Eisler y Renou.

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