Ordenan al Gobierno porteño a solucionar el "fracaso" de la política habitacional

El juez advirtió en el fallo "el fracaso de las políticas desarrolladas a través de los planes habitacionales vigentes y el correlativo dispendio de los fondos comprometidos",  y exhortó a "evaluar la urgente implementación de programas o políticas alternativas en materia de vivienda, que tuvieran por objeto instrumentar soluciones habitacionales definitivas para los grupos vulnerables".

La resolución, dictada poco antes de la feria judicial, sugirió  "una utilización más racional y eficiente de los recursos presupuestarios, pudiendo utilizar como guía –a esos fines– los diversos programas legislativos creados hasta el momento para moderar la crisis habitacional existente".

El amparista sostuvo que sus derechos están afectados como consecuencia del actuar del gobierno porteño,al que califica de "ilegal y manifiestamente arbitrario", ya que le niega "una asistencia habitacional adecuada y suficiente, pese a que se encuentra en un estado de máxima vulnerabilidad".

El caso concreto se inició por el recurso interpuesto por  Altez,  un hombre de 43 años y en situación de calle desde enero de 2012, que duerme por las noches en diversos espacios públicos de la Ciudad y transitoriamente en diversos paradores del Gobierno de la Ciudad.

A fines de 2010 y luego de un divorcio, el hombre, que es padre de cuatro hijos, quedó casi en la ruina, ya  sus ingresos por sí solos resultaban insuficientes para costear un alojamiento, según resume el fallo.

En la acción interpuesta, el hombre cuenta "se encuentra excluido del mercado formal de empleo, y que además de limitaciones que le impone su bajo nivel educativo, su edad y su trayectoria laboral, padece problemas de visión, así como problemas respiratorios, por lo que recurrentemente utiliza broncodilatadores".

Tiene ingresos "exiguos y fluctuantes, los cuales se componen por el armado de puestos en una Feria de San Telmo cuando la misma es emplazada, por lo cual recibe la suma de 40 pesos, un subsidio obtenido en el marco del programa Ticket Social, por la suma de 230 pesos mensuales y una Beca de Capacitación FIT, por un total de 550 pesos".

El juez Mántaras dispuso que las autoridades porteñas tienen que asegurar, "de manera inmediata, el acceso a una vivienda digna y adecuada al Sr. Altez".

"La elección de los medios a implementar para cumplir con esta orden corresponde, de acuerdo con las pautas de intervención antes descriptas, al Poder Ejecutivo. La continuidad en el pago del subsidio habitacional podría resultar a esos efectos adecuada sólo si el monto entregado fuera suficiente para solventar sus necesidades habitacionales concretas, de acuerdo con los valores actuales del mercado inmobiliario", dice el fallo.

Para la justicia, el Gobierno porteño debe, además, "generar las condiciones idóneas para que el actor receptor de la ayuda gubernamental pueda, en el futuro, superar la situación de emergencia en que se encuentra".