El Gobierno suspendió auditorías a pensiones por invalidez laboral
Centros terapéuticos de todo el país denunciaron además el abandono estatal a las personas con discapacidad y advirtieron que el ajuste de Javier Milei sobre el sector está provocando una crisis sin precedentes.
En el camino por seguir el ajuste sobre los trabajadores, jubilados y sectores más postergados de la sociedad, el gobierno de Javier Milei acaba de darle este martes un breve respiro al sector de la discapacidad. Lo hizo por medio de la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) publicada hoy en el Boletín Oficial.
Allí, el gobierno libertario, dispuso suspender temporalmente las auditorías que venía realizando a las pensiones por invalidez laboral en todo el país.
De esta manera se derogó la Resolución 187/2025 también de la Andis que había sido emitida con el objetivo de regular y auditar más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. En medio del escándalo que generó el paso de la motosierra de manera indiscriminada por uno de los sectores más frágiles de la sociedad.
A pesar de ello el Ejecutivo aclaró que seguirá con el ajuste sobre el sector aunque recién lo hará recién una vez que defina un nuevo procedimiento bajo "estándares internacionales".
La normativa anterior contemplaba un procedimiento de revisión que incluiría entrevistas y verificaciones médicas a más de un millón de beneficiarios. Sin embargo se resolvió suspender temporalmente las auditorías luego de que, según explicó el Gobierno, se identificaran varios puntos que no habían sido del todo claros en los procedimientos establecidos por la Andis para realizar las auditorías.
En particular, según precisaron, los técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia, la implementación del baremo de evaluación médica resultaba inadecuada y carecía de una base sólida para garantizar la equidad de los beneficiarios.
A partir de una revisión exhaustiva, se advirtió que ciertos criterios no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad, lo que llevó a la necesidad de una nueva revisión técnica.
Ajuste en Discapacidad
“Hay centros de día que cerraron, hay otros que están haciendo rifas y pidiendo contribuciones a las familias, muchos que son de doble jornada y dejaron de brindar alimentación –para muchas personas era su única comida de calidad en el día y no la están teniendo- Las familias que no pueden pagar están quedándose sin nada. Hoy en mi institución tengo por lo menos un tercio de la población que no podrían pagar por las prestaciones. Es un centro de rehabilitación e inclusión escolar: una mamá enfermera nos contaba que vuelve de trabajar ocho horas en salud y se pone a trabajar otras cuatro con Rappi por los gastos que tiene que afrontar con un hijo con autismo”, aseguró a Tiempo Argentino Virginia Els, psicóloga y psicopedagoga, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CA.PRE.DIS), para dar cuenta de la situación que atraviesan el sector de trabajadores que integran el sistema de prestaciones en discapacidad y las familias que asisten. “Lo más llamativo –acota- es que no hay ninguna respuesta del Gobierno Nacional”.
Los aranceles que se cobran por prestaciones en discapacidad los define el Gobierno Nacional a través de un Nomenclador que debería actualizarse regularmente, mediante reuniones de directorio convocadas desde la Andis. Hace cinco meses que no se actualiza. “El desfasaje viene de 2023 y a principios de 2024 acompañaron la inflación, pero desde la segunda mitad del año dieron aumento por debajo y este año, nada. Llama mucho la atención y tampoco hay respuesta. Ya no sabemos qué interpretar”, lamentó Els.
Ante este panorama, decenas de organizaciones de la provincia de Córdoba (38 llegaron a firmarla, pero son muchas más las que apoyan) emitieron una carta abierta para advertir que “la atención a personas con discapacidad está en peligro. Son servicios brindados solo por privados, no hay una alternativa como en salud en general. Si cerramos las instituciones, que muchas ya lo están haciendo, no va a haber adónde referenciar a las personas”.
La misiva lleva la firma de quienes se ocupan de brindar prestaciones en espacios de rehabilitación, inclusión escolar, centros terapéuticos, centros de día, etcétera. “Los montos que recibimos a través de las obras sociales, regulados por el Nomenclador Nacional— están por debajo de lo mínimamente aceptable. En 2024, los aumentos fueron irrisorios: septiembre 1%, octubre 1%, noviembre 0,8%, diciembre 0,5%. Y en lo que va de 2025, los aumentos han sido cero. Todo esto, mientras los costos de funcionamiento de nuestras instituciones se han duplicado”, advirtieron.
“La cuenta es simple y la situación no solo es grave: es crítica. Argentina cuenta con un sistema de atención a personas con discapacidad que ha sido ejemplo en América Latina y en el mundo. Se trata de un modelo basado en el trabajo personalizado, con profesionales altamente capacitados y cobertura garantizada en cada rincón del país. Este sistema ha permitido que miles de personas con discapacidad y sus familias accedan a herramientas fundamentales para desarrollar una vida autónoma e independiente. Si este sistema colapsa, las consecuencias serán devastadoras. Tal como están las cosas hoy, y si el Estado Nacional no da respuestas urgentes, la realidad que se impone es que solo podrán acceder a estas prestaciones quienes puedan pagarlas. Quienes no, quedarán excluidos”, alertaron las instituciones. “Esto ya ocurre en muchos países, donde la inclusión de personas con discapacidad es un privilegio y no un derecho. Ese es, sin dudas, el aspecto más doloroso y aberrante de lo que hoy estamos viviendo”, sentenciaron.
Resolución 1172/2025:
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