Los narcos que están detrás del negocio de la ropa trucha

O sea: el nuevo negocio de los narcosenderistas será la falsificación de marcas originales en vestimentas de fabricación “trucha”.

Si bien el capital necesario para financiar este emprendimiento proviene del narcotráfico, la idea de los promotores de este asunto es ofrecerles oportunidades laborales a personas de la comunidad peruana en la Argentina que no están inmersas en la ilegalidad del comercio de narcóticos.

Lo que hoy es un mega-emprendimiento, comenzó con un grupo de familias bolivianas que se instaló a orillas del Riachuelo en 1991, en territorio de Lomas de Zamora –en una zona que en el primer gobierno de Perón se creó para funcionar como balneario y lugar de esparcimiento estival. 

En un comienzo la organización de las familias bolivianas creó Urkupiña S.A, que luego se dividió en otras dos sociedades,  Cooperativa Ocean y Punta Mogotes S.A. y mientras la feria fue legal sólo vendía productos importados. Más de 300 ferias minoristas del interior del país son abastecidas desde La Salada, donde a fines de los 90 la legalidad de la venta de importados se trocó en la falsificación de marcas, tales como Lacoste, Legacy, Puma, Nike, Polo y otras de igual renombre.

Los narcosenderistas estudiaron la veta de la falsificación y ahora entrarán de lleno en el negocio, volviendo a competir –como ocurre con el tema de la cocaína-, con los bolivianos quienes hasta el presente fueron los pioneros del asunto en la Argentina.

Según dijo nuestra fuente, la guerra desatada entre facciones de narcotraficantes devino en una reacción desconsiderada contra toda la comunidad peruana en la Argentina. Laboralmente, peruanos honestos que buscan trabajo y dan como referencia domiciliaria la villa 1-11-14 o la 31 bis, son directamente segregados de cualquier posibilidad laboral. “Si nadie los quiere, queremos darle la oportunidad de que trabajen en nuestros propios talleres. Estarán bien pagos y no serán sometidos a condiciones de esclavitud como ocurre en los talleres que venden para marcas de categoría”, afirmó nuestro entrevistado con una solidaridad que suena sincera.

Actualmente la feria ilegal no se ocupa sólo de marcas falsificadas, sino de toda una gama impresionante de productos: una copia fílmica en DVD se vende a 2 pesos,  un vaquero con la etiqueta de Wrangler se consigue a 35 pesos -mientras un original no baja de los 130 pesos- y así un producto tras otro.

Los narcosenderistas están convencidos de que el mismo paraguas protector que tienen los comerciantes bolivianos del sector los cobijará a ellos.

La pregunta de cualquier neófito es por qué se ha permitido el crecimiento descomunal de este sector en la Argentina, cuando los productores de las marcas originales que son falsificadas han utilizado todo su poder para frenar la falsificación y no han logrado nada.

Nuestro interlocutor tiene una respuesta de esas que se conocen sólo en ámbitos bien informados de la comunidad boliviana (pero que llegó a oídos de los peruanos). Dicen que durante las recientes negociaciones entre la Argentina y Bolivia por el suministro y precio del gas, un representante del gobierno de Evo Morales introdujo una cláusula informal en la negociación bilateral para el respectivo acuerdo. Esa condición fue un pedido especial de Morales al Presidente Néstor Kirchner: No reprimir ni perseguir al comercio informal que ejercen ciudadanos bolivianos en la Argentina.

Obviamente no se referían a las mujeres bolivianas que venden ajo y especias en las puertas de los supermercados, ni tampoco a los traficantes de drogas.

Los funcionarios bolivianos pidieron por sus connacionales instalados en lugares como La Salada, y en huertas de la provincia de Buenos Aires propiedad de familias del Altiplano allí ubicadas.

Ni el mediático y escandaloso Secretario de Ingresos Públicos bonaerenses Santiago Montoya pudo meter sus narices y aplicar penas en semejante emprendimiento ilegal, lo que permite inferir que algún poder político superior protege esta actividad.

La negociación del gas boliviano a un precio razonable que paga la Argentina es una buena respuesta al interrogante antes planteado.
Ahora los narcosenderistas entran también en ese negocio, y piensan contar con la misma impunidad que sus hermanos bolivianos.