La Justicia investigará al primo de Macri por el soterramiento de Sarmiento

Política 04 noviembre 2016

El juez federal Sebastián Ramos investigará una denuncia que hicieron los fiscales tras la reciente declaración de la ex presidenta Cristina Kirchner, ante la posible comisión de un delito en la modificación de las condiciones de la adjudicación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que beneficiaría a la empresa Iecsa de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri.

Fiscales pidieron investigar a Macri por beneficiar a su primo, Angelo Calcaterra, a través de la obra pública asignada a iecsa

El paro de señaleros previsto para este viernes fue postergado

Por Vanesa Petrillo

Tras la declaración que efectuó la ex presidenta Cristina Kirchner ante el juez Julián Ercolini por el supuesto direccionamiento de obra pública a Lázaro Baez, los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita pidieron que se abra una nueva causa con los dichos de la ex mandataria ante la posibilidad de que desde el gobierno de Macri se cometa un delito.

Los fiscales ordenaron una investigación sobre el decreto 797, del 16 de junio, por el cual Macri asignó $ 45.000 millones para que se complete el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La obra está a cargo de Ghella, Odebrecht, Comsa e Iecsa, la empresa de Calcaterra.

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Denuncian a Calcaterra por no pagar aportes por 8 millones de pesos de IECSAhttps://t.co/Ax04GMcDwY pic.twitter.com/LqGh76WxMQ
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Según la ex presidenta, Macri reconoció a su primo un precio superior al que tasaron quienes controlan los trabajos, y comprometió al Estado en el financiamiento, contrario lo previsto en la licitación. Los dichos de Cristina fueron receptados por los fiscales que hicieron la denuncia.

Ahora el juez Ercolini mandó a sorteo el caso y recayó en el juez federal Sebastián Ramos, según fuentes judiciales.

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El abogado de @CFKArgentina pide que a Calcaterra se lo incluya en la causa Báezhttps://t.co/9iRQshaTkb pic.twitter.com/97TKp95QFe
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La investigación apunta a determinar si se cometió un delito porque gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia el soterramiento será financiado por el gobierno nacional a pesar que el contrato establecía que eran las empresas quienes debían disponer del dinero.