Piden apartamiento de un abogado defensor del juicio por la represión de 2001
Virgilio Loiácono asiste al ex jefe de la Policía Federal Ruben Jorge Santos y es cuestionado por haber sido funcionario del gobierno de la Alianza y estar citado como testigo.
El pedido del fiscal Mauricio Viera se sustenta en que el letrado fue propuesto como testigo tanto por el Ministerio Público como por la querella y algunas de las otras defensas, ya que se desempeñaba como secretario legal y técnico durante la presidencia de Fernando De la Rúa. Este pedido fue aceptado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 el 30 de octubre del año pasado.
Tras la renuncia de sus abogados, Santos propuso en septiembre de 2013 a otros dos letrados, el ex cortesano Adolfo Vázquez y Loiácono, quienes aceptaron el cargo en diciembre de 2013.
El fiscal Viera consideró que no puede desempañarse en el cargo de defensor alguien que está citado como testigo para el mismo proceso, por lo que solicitó la exclusión y aclaró que esta decisión no afectaría el derecho a la defensa, ya que quedaría a cargo del abogado Vazquez.
Ahora el Tribunal deberá decidir sobre este planteo durante la próxima audiencia del juicio, que será pasado mañana a las 10 en los Tribunales de Comodoro Py.
En el juicio se juzgará a los responsables por las muertes de Alberto Márquez, Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y de más de 100 heridos, algunos de ellos de gravedad, como Paula Simonetti y Martín Galli.
Los acusados son: el ex Secretario de Seguridad de la Nación Enrique Mathov; el ex jefe de la Policia Federal Argentina (PFA) Rubén Jorge Santos; al ex Jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, Norberto Gaudiero; y al ex Jefe de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza, Raúl Andreozzi por los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, homicidio culposo en cinco casos y lesiones culposas en 116 casos.
Se calcula que alrededor de 600 testigos pasarán por el juicio, que incluirá a víctimas de la represión y a sus familiares y se estima que el proceso, entre testimonios, indagatorias y alegatos durará más de dos años. El gran ausente será el sobreseído De La Rúa.
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