El oficialismo apunta que se trate el paquete de leyes cerrado. La iniciativa incluye el blanqueo de capitales, el pago de los juicios a jubilados, la posibilidad de vender activos de la ANSeS y la creación de una pensión universal a la vejez.
La Cámara de Senadores espera el ingreso del proyecto del Poder Ejecutivo que establece el "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados" que dispone del pago de deudas a quienes iniciaron juicios previsionales, el aumento de los haberes pasivos en un promedio del 45 por ciento y la creación de una pensión universal para aquellos que no cuenten con los requisitos para jubilarse.

La iniciativa también incluye un blanqueo de capitales presentado como "Amnistía Fiscal" y el acuerdo firmado con los gobernadores que dispone el reintegro escalonado a las provincias y el Tesoro nacional del 15 por ciento de la coparticipación federal retenida desde 1992 para financiar a la ANSES.

La elección de la cámara alta para el ingreso de la iniciativa fue justificada a la agencia de noticias DyN por fuentes del Gobierno en la inclusión dentro del proyecto de ley de la devolución de la coparticipación a las provincias, tema que tiene al Senado como cámara de origen. "Si bien hay modificación de impuestos y por lo tanto debería ir a Diputados, también modifica la coparticipación que es responsabilidad de las provincias y por lo tanto del Senado", indicaron.

Pero al margen de las cuestiones de procedimiento, las fuentes admitieron que "el Senado es más confiable para un primer paso" y que "se puede negociar con mayor facilidad", en razón del mayor entendimiento de los senadores del PJ con los gobernadores, que en su totalidad firmaron el Acuerdo por el Nuevo Federalismo el 18 de mayo en Córdoba.

En ese sentido, destacaron las declaraciones del jefe de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Pichetto, a favor del proyecto oficial.

Si bien los lineamientos del proyecto se habían adelantado el viernes pasado, las demoras en el envío al Congreso obedecieron a modificaciones de último momento, en especial a lo referente a la prohibición de acceder al blanqueo a los funcionarios jerárquicos, desde subsecretario hasta el jefe de Gabinete, además del presidente y vicepresidente.

La propuesta del Gobierno podría alcanzar a 2,5 millones de jubilados, distribuidos en tres grupos diferenciados: los que tienen sentencia judicial firme, los que iniciaron una demanda pero aún no tienen sentencia y los que no recurrieron al juicio.

En todos esos casos, para acceder al beneficio deberán renunciar a realizar demandas a través de un convenio con la ANSeS y homologado por la Justicia.

Los tres casos tendrán una actualización en sus haberes jubilatorios que oscila, según los casos, entre el 35 y el 51 por ciento, pero con un tratamiento diferente en lo que respecta a los haberes retroactivos.
Aquellos con sentencia firme cobrarán lo adeudado el 50 por ciento al contado y el resto en cuotas, a los que no tengan fallo judicial se les pagará con el mismo criterio pero solamente los últimos 48 meses, en tanto quienes no hayan iniciado juicio no tendrán derecho a retroactividad.

El costo fiscal de la medida es de unos 75 mil millones de pesos anuales por los ajustes de las jubilaciones, a los que deben sumarse una suma de 47.000 millones a 55.000 millones de pesos para el pago de los retroactivos y 1.946 millones por el cambio en el coeficiente para calcular las jubilaciones.
A esos recursos, la ANSeS debe agregar la pérdida de unos 21.000 millones de pesos por la devolución a las provincias y al Tesoro nacional de 3 puntos porcentuales de los 15 que percibía de la masa coparticipable.