En el artículo 85 del proyecto de ley que busca habilitar el blanqueo de bienes y divisas a quienes evadieron impuestos en el país prevé hasta dos años de prisión y una multa similar a la revelada para quienes difundan la identidad de quienes se acojan a la "amnistía".
El artículo 85 del proyecto de ley de blanqueo de bienes y capitales establece que "los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la AFIP, los declarantes del Título I de Libro II de la presente (ley) y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal".

Y agrega que "los terceros mencionados precedentemente incurrirán en una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizada la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado".

De esta manera el macrismo busca proteger a los funcionarios, empresarios y amigos del poder que se acojan al blanqueo.
El art. 85 prevé penas de prisión y multas a quienes revelen nombres de evasores
Para Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, es necesario modificar el artículo 85 de manera urgente. "Es un artículo muy preocupante por una doble causa: por una parte penaliza y convierte en un crimen penal la divulgación de información, algo que pensábamos que en la Argentina que ya estaba desterrado", dijo Becerra sobre los antiguos delitos de opinión, que fueron eliminados del Código Penal, como en 2009 las figuras de calumnias e injurias para cuestiones de interés público. "Divulgar información ya no es un delito catalogado en el Código Penal y eso constituye un avance democrático elemental", sentenció el especialista.

Y alertó que la multa pecuniaria que se aplicaría a los periodistas o divulgadores de datos sobre los blanqueadores, y que inhibe de dar información, apunta precisamente a proteger a los peces más gordos. "(La multa es mayor) cuanto más gordo sea el pez sobre el que querés dar información", graficó Becerra.

"Para empeorar ese artículo 157 del CP, que se cita en el 85, sólo alcanza a funcionarios públicos, no a periodistas. Tal como está redactado el proyecto no solamente los periodistas, sujetos o terceros que divulguen o reproduzcan información del blanqueo son pasibles de ser acusados por el Código Penal y multa económica, sino que además dice que todos los que estén involucrados en la divulgación por cualquier modo, o sea, alcanza a Google y Facebook", advirtió.

Becerra: "La multa busca proteger a los peces más gordos porque es más alta cuanto más gordo es el pez sobre el que se quiere informar"

El 157 impone "prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos".

De sancionarse la ley tal cual fue redactado el proyecto se podría penalizar a un profesional de prensa que publica en un medio una información que recibió de la propia confesión de un blanqueador de 50 millones de dólares o de un familiar o colaborador arrepentido. "Quien blanqueó el dinero y eventualmente haya hecho lavado, cometido el delito, según esta ley no tiene drama, pero el periodista puede ser sancionado con hasta 2 años de prisión y tiene que poner 50 millones de dólares", señaló.

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Según Becerra, existen antecedentes en normas parecidas, aunque no con una feroz mordaza. "Hay leyes que procuran garantizar el silencio, pero no con este alcance. Se busca bloquear el silencio de la suma blanqueada como elemento de atracción para los blanqueadores", recalcó y explicó que "está bien que las leyes de blanqueo alcancen a todos los funcionarios donde se tramita información delicada, pero que alcance a terceros, que se los penalice y se les aplique una multa económica, es un exceso respecto de las leyes de blanqueo previo", concluyó.

Becerra: "Está ben que la prohibición alcance a funcionarios pero que penalice a terceros es un exceso respecto a otras leyes de blanqueo"

Las críticas al intento por cercenar la libertad de expresión en pos de la protección de los evasores no se hizo esperar. Desde el bloque del Frente para la Victoria en Diputados expresaron su oposición al artículo 85. "El artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32. Además, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse".

Y advierte que el macrismo "ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panama Papers y HSBC y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere".

A pesar de ello el diputado nacional por la alianza Cambiemos, Pablo Tonelli, defendió la inclusión del polémico artículo en el proyecto de ley y lo justificó: "Hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por los funcionarios públicos ni por los periodistas".

Tonelli: "Hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por los funcionarios públicos ni por los periodistas"

El legislador macrista aclaró además que el cepo informativo en este tema es "para todo el mundo" y defendió el castigo de hasta dos años de cárcel a los profesionales de prensa. "Si un periodista tiene acceso a un banco de datos personales, como el de la AFIP y eso lo revela, está incurriendo en un delito", señaló. "Tiene prohibición de acceder a bancos personales", justificó, aunque luego reconoció que "analizarán" el artículo.

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