El documento contará con el apoyo del 93% de los inversores que entraron al canje de deuda y plantea que, de prosperar el fallo, podrían afectarse los futuros procesos de renegociación de deudas soberanas.
Thomas Griesa
Tras el fallo a favor de los fondos buitres, el Gobierno hará una presentación ante el juzgado de Thomas Griesa, que contará con el apoyo del llamado G-93 (el 93% de los inversores que entraron al canje de deuda), luego del escrito presentado ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de New York el último martes.
En el contrapunto generado a raíz del fallo por el cual se obliga a la Argentina a pagar a los bonistas que no entraron al canje de deuda, los abogados que representan al Estado argentino alegaron ante la Corte de Apelaciones que, citando a fuentes especializadas de la prensa financiera, de prosperar el fallo contra el país, podrían afectarse los futuros procesos de renegociación de deudas soberanas.
Además, señalan que también impactaría en acuerdos que rigen billones de dólares de deuda en Nueva York y exacerbará las futuras crisis de deuda soberana al hacer las reestructuraciones voluntarias esencialmente imposibles.
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"Por estas razones, se ha generado consternación generalizada en el mercado, que reconoce que, sin solución, la decisión provocará un cambio radical en el panorama de la reestructuración de la deuda soberana", advierte la presentación del Gobierno argentino consignó Ámbito.
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Y añade: "No hay manera de que un Gobierno puede reestructurar su deuda y estar a salvo de litigios, además de ejercer la inmunidad soberana (la Argentina ahora parece tener un agujero en este escudo), y esta decisión da señales de que cada soberano podría tener un agujero en su escudo".
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Por otro lado, los fondos buitre NML Capital de Elliott Management y los de Aurelius Capital Management hicieron una presentación al juez Griesa también el martes exigiendo que se les pague lo que se les debe. En dicha presentación le solicitan al magistrado reactivar su fallo inicial, que exige al país pagar por la tenencia de bonos en default.
Advirtieron que funcionarios de la Argentina, incluyendo a la presidente Cristina Fernández, habían asegurado que no se les pagaría a los acreedores que no se sumaron a las ofertas de canje que lanzó el país en 2005 y en 2010.
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