El juez Sebastián Casanello pidió a la fiscalía que determine si efectivamente existió algún delito que deba ser investigado luego de que se diera a conocer la cámara oculta realizada a Leonardo Fariña.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas, entre ellas giró el expediente a la fiscalía para que dictamine sobre la competencia y si hay posible comisión de delitos en el marco de la denuncia por supuesto lavado de dinero iniciada a raíz de una cámara oculta a Leonardo Fariña, que involucra al empresario Lázaro Báez.
Casanello es uno de los jueces que recibió una de las denuncias realizadas en los tribunales, pero entiende que aún debe resolverse qué magistrado es competente para avanzar en el caso, ya que su colega Rodolfo Canicoba Corral tiene otro de los expedientes.
Fuentes judiciales informaron que Casanello remitió la causa al fiscal Ramiro González (que reemplaza provisoriamente a Guillermo Marijuán) para que analice si hay un delito y si por ende, requiere la apertura de la investigación.
Mientras espera el dictamen del fiscal, el juez Casanello elevó una solicitud a la Cámara Federal para que defina qué tribunal es competente ante las denuncias acumuladas en el fuero. Las definiciones sobre los conflictos de competencia las resuelve la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Irurzum.
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El magistrado también elevó una notificación a la nueva Fiscalía contra delitos económicos y lavado de dinero (Procelac), a cargo de Carlos Gonella, para que dictamine lo que corresponda, informaron las fuentes.
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Hasta ahora la justicia cuenta con las cámaras ocultas a Fariña, quien se autoincriminó como "valijero" de una red de lavado de dinero, apuntando contra Lázaro Báez, entre otros, aunque después dijo que era todo un invento. El mismo Canicoba Corral dudó públicamente de la validez probatoria de las cámaras ocultas al adelantar que por ahora no hay muchos elementos en el expediente que puedan configurar un delito.
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La investigación periodística llegó a la justicia a raíz de presentaciones que realizaron varios abogados y dirigentes de la oposición, que denunciaron lavado de dinero, asociación ilícita y evasión fiscal, entre otros delitos.
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