Por amplia mayoría, el Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad

Política

La norma mantiene los pilares de la emergencia: la vigencia del CUD, el ajuste mensual por IPC y la pensión no contributiva compatible con un empleo formal.

El Senado de la Nación lleva adelante este jueves una sesión clave en la que logró la sanción definitiva de la denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” con 71 votos afirmativos, lo que implicó la unanimidad de la Cámara baja.

La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, no tuvo ningún rechazo, logrando reemplazar el régimen de emergencia —cuyo vencimiento operaba el próximo 31 de diciembre— por un marco legal permanente de prestaciones y financiamiento.

La votación marcó un punto de inflexión tras más de un año de fuertes tensiones entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y las organizaciones del sector.

Luego de vetos, suspensiones y fallos judiciales en torno a la emergencia sancionada en 2025, el oficialismo parlamentario decidió acompañar el texto consensuado en la Cámara baja y el Ministerio de Economía garantizó las partidas presupuestarias correspondientes. Antes de ingresar al recinto, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había anticipado el acuerdo al destacar que “cuando nos ponemos serios y discutimos cuánta gente hay detrás, somos capaces de llegar a un acuerdo”.

Los puntos clave de la nueva Ley de Discapacidad

La normativa sancionada consolida derechos centrales para las personas con discapacidad y aporta previsibilidad financiera al sistema de salud y educación especial:

  • Monto y actualización de pensiones: Se mantiene el valor de las pensiones no contributivas por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización automática según la movilidad del SIPA.

  • Compatibilidad con el trabajo registrado: Los beneficiarios podrán acceder a un empleo formal o inscribirse en el monotributo sin perder la pensión, siempre que sus ingresos individuales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. En caso de superar ese tope, el beneficio se suspende temporalmente y puede rehabilitarse al finalizar la relación laboral.

  • Nomenclador único y aranceles: Se preserva el nomenclador universal de prestaciones y se establece que los aranceles se actualizarán de forma periódica y automática en línea con el índice de movilidad jubilatoria, evitando el atraso frente a la inflación.

  • Cancelación de deudas con prestadores: El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma de pagos y un máximo de 90 días para regularizar las compensaciones pendientes con los profesionales e instituciones del sistema.

  • Cobertura médica y auditorías: Se garantiza el acceso a las prestaciones básicas del programa Incluir Salud y se faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a realizar auditorías periódicas mediante cruces de datos con ANSES, ARCA y ReNaPer, asegurando instancias formales de notificación y descargo antes de cualquier suspensión preventiva.

Durante el debate en el recinto, si bien la oposición celebró la sanción definitiva y el respaldo unánime, diversos bloques reclamarán al Gobierno nacional que avance con la pronta promulgación y reglamentación de la norma sin recurrir a vetos parciales ni dilaciones administrativas.

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