Coronavirus: Buquebús canceló sus viajes Argentina-Uruguay
La medida ocurre luego de que este jueves apareció un pasajero con síntomas de coronavirus, lo que generó la cuarentena de cuatrocientos pasajeros.
La empresa de navegación Buquebús anunció este viernes por la tarde la cancelación de sus viajes entre Uruguay y Argentina e informó dijo que la medida se extenderá "hasta tanto la frontera entre ambos países sea nuevamente abierta" con motivo de las medidas contra el coronavirus. La novedad se conoce mientras se investiga a un joven infectado que viajó este jueves en uno de sus barcos.
"Las frecuencias, inclusive las de repatriación, han sido canceladas", notificó la compañía en un breve comunicado en el que no hizo referencia a la situación en la que se detectó a un pasajero procedente de España con síntomas de coronavirus COVID-19.
El hecho motivó un vasto operativo sanitario en la Dársena Norte que incluyó la hospitalización del afectado y el aislamiento por 14 días de casi cuatrocientas personas en cuatro hoteles porteños.
Mientras tanto, el joven de 22 años que viajó con síntomas de coronavirus COVID-19 fue sumariado y judicializado, a la espera de los resultados de las pruebas médicas para confirmar si tiene la infección y, eventualmente, imputarle un grave delito por el que podría ser penado con hasta 15 años de prisión, informaron este viernes fuentes judiciales.
En tanto, dos mujeres que iban a bordo del mismo barco y fueron trasladadas por prevención a un hospital para ser sometidas a controles mas exhaustivos de COVID-19 fueron detenidas por negarse a dichos estudios y serán imputadas por desobedecer y resistirse a la autoridad.
Además de ser imputado, el joven podría quedar sujeto a "medidas patrimoniales para garantizar bienes" ante posibles demandas civiles por parte de los centenares de pasajeros y empleados de Buquebús obligados ahora a cumplir cuarentena.
Fuentes judiciales aseguraron que las dos mujeres serán imputadas por violación al artículo 239 del Código Penal, que reprime "con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal", según adelantaron fuentes judiciales.
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