Decía ser la heredera de US$ 35 millones, pero realizó una "burda" falsificación de datos
Dos peritos demostraron que el acta de nacimiento de la supuesta heredera de la millonaria fortuna del estanciero cuyo cadáver desapareció del cementerio de la localidad entrerriana de Victoria fue una "adulteración fotocompuesta y bastante burda".
De esta manera, la coartada de quien se decía heredera, María Angélica Godoy, quedaría totalmente desarticulada, por lo que el desenlace del juicio en el que debía resolverse el destino de la fortuna sería inminente,pese a que se mantiene la incógnita sobre el paradero del cadáver del estanciero, cuya sustracción habría sido concretada por "profesionales".
En una nueva jornada del juicio que se sigue adelante en la Cámara del Crimen de Gualeguay, los primeros en aparecer en escena fueron los peritos documentólogos Eduardo Ronconi y Ángel Iturria.
Estos constituyeron una parte fundamental para saber si Godoy y el escribano Miguel Galli incurrieron en "falsedad ideológica de instrumento público agravada y reiterada" para que la imputada pueda quedarse con la herencia de 35 millones de dólares.
Galli es un escribano de Gualeguaychú que aseguró que Reggiardo fue unos meses antes de morir a su estudio para reconocer a Godoy como hija, aunque no presentó la supuesta acta original de ese
reconocimiento aduciendo que le fue robada de su automóvil.
Ronconi, perito oficial de la Cámara del Crimen, sostuvo en forma contundente que el acta de nacimiento de Godoy fue adulterada.
Según explicó, el acta fue "armada" sobre una fotocopia, y mostró los márgenes corridos, entre otras irregularidades.
Iturria, por su parte, fue más allá y habló de supresión de texto tras coincidir en que hubo un proceso de refotocopiado "bastante burdo".
Comprobada la falsedad del documento, quedó prácticamente desestimada la coartada de los imputados, que ahora sólo deberán esperar los resultados de los exámenes de ADN.
En ese sentido, se solicitó que las muestras de sangre de Godoy sean comparadas con otras cadavéricas que permanecen reservadas en Buenos Aires y en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
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