Denuncian trato VIP para represores detenidos en el penal de Marcos Paz

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  La defensa del desaparecido Jorge López acusó duramente al Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal.

La abogada Guadalupe Godoy, querellante en el caso de Jorge Julio López, acusó hoy al Servicio Penitenciario Federal de "complicidad" con los represores detenidos y apuntó contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al advertir que actúa con "desidia" en el caso del testigo desaparecido.

"Es imposible de hacer esto sin la complicidad del Servicio Penitenciario (Federal) y, por lo menos, una desidia del Ministerio de Justicia de la Nación, que está a cargo" del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, señaló Godoy en declaraciones a Radio del Plata.

La letrada se pronunció de esa forma al evaluar los resultados de un allanamiento realizado el jueves pasado en el penal donde está recluido el represor Miguel Etchecolatz, junto con otras personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.

En el lugar se habrían hallado equipos de comunicaciones diseñados para evitar su rastreo.

"Nosotros seguimos insistiendo en que nada de esto es posible hacer sin la complicidad de fuerzas de seguridad que necesariamente los apañan", sostuvo Godoy.

Además, la abogada apuntó contra las autoridades que disponen que ex represores que tuvieron vínculos durante la última dictadura sean alojados en el mismo pabellón de un penal.

"Estos grupos han mantenido contacto durante todo este tiempo a partir del botín de guerra que en su momento lograron con el saqueo a quienes secuestraron. Tienen intereses económicos en común y el interés político de lograr que los juicios continúen", remarcó.

Godoy subrayó también que la semana próxima comenzará el juicio oral contra el capellán Christian Von Wernich y evaluó que "en este contexto es muy complejo" el desarrollo de ese proceso.

El miércoles, efectivos de la Policía bonaerense realizaron un allanamiento en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en el marco de la causa por la desaparición de Jorge Julio López, para determinar si ex represores gozan o no de beneficios especiales, como por ejemplo hacer llamadas desde teléfonos no habilitados para presos.

Voceros policiales indicaron que se encontraron elementos de relevancia y, según señaló, un peritaje realizado -que contó con la participación de técnicos de Telefónica de Argentina- descubrió que algunas llamadas se concretaron desde los teléfonos habilitados en la cárcel, del tipo semipúblico para presos, y otras desde aparatos ubicados en "otro sector del penal".