"Messi tiene una gran voluntad de regularizar su situación"

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Lo dijo el abogado del crack argentino, luego de que declarase ante el fisco español por presunto fraude.

El astro argentino Lionel Messi declaró este viernes como imputado ante la Justicia española por un presunto delito de fraude fiscal de 4 millones de euros, relacionado con la gestión de sus derechos de imagen.

El abogado de Lionel Messi, Cristóbal Martell, aseguró este viernes que la voluntad del futbolista y de su familia es la de colaborar con la justicia española y no entrar en una discusión con el Estado sobre la interpretación de las normas fiscales.

"Con idéntica vocación de transparencia se han desarrollado los interrogatorios y se ha evidenciado una escasa voluntad defraudadora y una gran voluntad de regularizar su relación con la agencia tributaria", dijo el abogado. Luego, aseguró: "No hay voluntad de hacer una lucha enconada de discusión con el Estado acerca de la interpretación de las normas fiscales".

El crack rosarino y su padre fueron imputados por tres delitos contra la Hacienda Pública previstos en el artículo 305 del Código Penal español y referidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2007, 2008 y 2009. 

Tras ser imputado, el futbolista emblema del Barcelona negó los cargos y afirmó que "no entiende nada" de temas fiscales, para los que designó "asesores". 

Cristóbal Martell, abogado del jugador y su progenitor, intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona para evitar que el futbolista tenga que ir a juicio, pero por ahora las negociaciones no fueron fructíferas, indicó el portavoz de la Fiscalía. 

El abogado defensor pretendía que Messi sea apartado del juicio y que sea su padre quien asuma el peso del proceso, algo a lo que la Fiscalía se opone. El pasado mes de agosto, Jorge Messi pagó los 4 millones adeudados, según confirmaron las fuentes. 

Pero además de liquidar la deuda, el Código Penal establece para estos delitos el pago de una multa que va desde el doble del dinero defraudado a seis veces más, y penas de prisión que van de entre uno y cuatro años por cada delito. No obstante, es posible eludir la prisión si la condena es menor a dos años y el condenado no tiene antecedentes.

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