Descabezan a la Policía Federal mendocina por supuestas coimas
Por NA
- El jefe de la Policía Federal y 10 efectivos bajo su mando quedaron detenidos hoy, bajo custodia de la Gendarmería.
- Sobre ellos pesan sospechas de posibles irregularidades, entre los que se encuentran el cobro de coimas.
El jefe de la Policía Federal en Mendoza, comisario Daniel Ouviñas, y diez efectivos a sus órdenes, fueron ayer detenidos y acusados por la Justicia del supuesto cobro de coimas y la apropiación de mercadería incautada en distintos procedimientos.
El caso, según se destacó en la prensa local, no registra precedentes, y actualmente varios efectivos están en la mira de la Justicia por las presuntas coimas.
Esos efectivos fueron intimados en la víspera a presentarse en los Tribunales Federales por la fuerza pública, en este caso Gendarmería Nacional, que entregó las notificaciones.
El allanamiento a la sede policial fue realizado este martes cerca de las 12 y se concretó en la delegación de la calle Perú, en la capital provincial.
En el procedimiento estuvo el juez federal Walter Bento, acompañado por la fiscal Alejandra Obregón, de acuerdo con lo señalado en la edición de la fecha del diario Uno de esta ciudad.
Fue ante la presunción de que una decena de efectivos, uno de ellos de alto rango, "podrían estar implicados en numerosos hechos donde habría pedido de coimas a cambio de no entregar a la Justicia secuestros realizados por ellos".
En el allanamiento, el juez secuestró los libros de guardia y otra documentación útil para la pesquisa a su cargo.
En fuentes ligadas a la causa no se descarta que podrían estar implicados más efectivos federales, pero esto quedará develado a medida que avance la investigación.
Según se indicó, los efectivos sospechados pertenecen a la brigada que actúa en casos de allanamientos ordenados por la Justicia federal, en este caso puntual a "mercados persas" donde se secuestraron CD "truchos" y otros elementos, como también en casas de videojuegos y otros negocios de ese rubro.
El "modus operandi" utilizado consistiría en allanar, secuestrar los elementos presuntamente ilegales y llevarlos a la delegación, adonde debían concurrir los propietarios, con quienes los policías "habrían negociado la devolución de casi 90% de los productos a cambio de coimas".
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