Bajo amenaza de despido, obligan a trabajadores del Banco Nación a incumplir normas antilavado
Ávido de dólares, el gobierno de Javier Milei apura el nuevo blanqueo y amenaza a los trabajadores del Banco Nación para que incumplan con las normativas antilavado dispuestas por el Banco Central y la UIF.
El gobierno de Javier Milei busca de manera ávida dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año y para ello avanza en un nuevo blanqueo, el tercero de su gestión. Con el propósito de reforzar las reservas busca levantar todos los recaudos que siguen los banco para evitar maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos.
En ese camino el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el Banco Nación instruirá a su personal para ajustar cada trámite a la normativa vigente y aseguró que cualquier trabajador que exija documentación no prevista será despedido. El problema es que existen normativas del Banco Central que los obliga a pedir esa documentación que desde la Rosada quieren obviar.
En el contexto de la Ley de Inocencia Fiscal, que el Congreso sancionó días atrás, el objetivo del Gobierno es promover la blanquear fondos que hoy permanecen fuera del circuito bancario. Aunque la ley aún no se encuentra promulgada ni reglamentada, las autoridades buscan acelerar su puesta en marcha, mientras el andamiaje operativo se mantiene en proceso de definición.
“Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”, amenazó Adorni. Al detallar el mecanismo previsto, agregó que para depositar dólares será suficiente acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias y que esos fondos podrán ser utilizados “para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos”. En la misma conferencia de prensa, Adorni aseguró que "con el nuevo esquema los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables” y afirmó que “Argentina dejó de vivir en el reino del revés”.
La Ley de Inocencia Fiscal crea un régimen destinado a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a mil millones de pesos y un patrimonio menor a 10 mil millones de pesos. Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá la función de concentrar los controles en los ingresos facturados y las deducciones de cada persona o empresa, sin revisar gastos ni bienes. El pago del impuesto correspondiente libera al contribuyente de futuros reclamos por Ganancias y habilita la realización de operaciones de gran magnitud sin reportes automáticos de bancos, escribanías, concesionarias o tarjetas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a la presión oficial y utilizó sus redes sociales para advertir públicamente a las entidades financieras. “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, escribió el funcionario, en respuesta a la consulta de un usuario.
Sin embargo, los tributaristas advirtieron que no sería la mejor decisión para los ahorristas ir con sus divisas a los bancos, ya que la normativa aprobada no contempla la misma "inocencia" para los depósitos, y por lo tanto desincentiva responder al pedido del ministro de Economía.
Sebastían Dominguez, de SDC Asesores Tributarios, apuntó a esa zona gris de la ley y recordó que "hoy los bancos tienen que cumplir con las reglamentaciones antilavado de la UIF y las normas dicen que hay que hacer un control reforzado para los que depositan efectivo por 40 salarios mínimos o más. Es menos de 10 mil dólares", señaló. Y en ese sentido advirtió que "si alguien va y deposita 100 mil dólares o 1 millón de dólares, el banco va a pedir la información del origen de esos fondos".
Para el tributaristas "no parece razonable" que el banco acepte como "justificación del origen" la mera inscripción del particular en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que pone la ley como condición. "Eso es formal. Cualquier puede adherir al régimen y tener el dinero que se quiere lavar", dijo y agregó que "no parece que eso vaya a suceder, tampoco con el Nación" porque las entidades "no pueden no aplicar las normas".
Y estableció otro escenario, en el que el banco no hace el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), pero aparece la limitación de la propia ley. "La ley dice que si se detecta una discrepancia significativa, del 15%, en el impuesto declarado, entonces cae el beneficio. La ley no puede tomar para ese 15% la presunción de incremento patrimonial no justiticado, es decir, si le encuentran un inmueble que compró con dinero en negro, no puede tomar ese inmueble. Pero no dice nada de la presunción de depósitos bancarios. Si alguien quiere comprar un inmueble de 60 mil dólares, va, deposita, el banco no le hace problema por el origen, pero automáticamente el banco le va a informar a ARCA, porque supera los 50 millones de pesos por mes, que esa persona depositó el equivalente en pesos. Arca tiene en sus sistemas ese dato y cuando se presente la declaración jurada simplificada, tiene un depósito que puede investigar y le puede hacer caer el beneficio", explicó.
En ese sentido Domínguez consideró que "si alguien quiere usar dólares del colchón y confía en este sistema, justamente lo que no tiene que hacer es depositar fondos en el banco". "Tiene que ir y pagar en efectivo", explicó.
De hecho días atrás las cuatro asociaciones bancarias de la Argentina enviaron una nota al Banco Central para pedir que se conforme una mesa de trabajo que aclare “criterios interpretativos” sobre la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal.
Según señalaron las entidades bancarias en la nota la ley que aprobó el Congreso “introduce modificaciones sustantivas al régimen de la Ley Penal Tributaria, particularmente en lo referido a la configuración del delito de evasión simple, el régimen de conducta exigible a los contribuyentes frente al Fisco, así como a los supuestos de evasión agravada, con impacto directo en los procesos de cumplimiento y control del sistema financiero”.
Los bancos consideraron que es necesario que “se convoque a una mesa de trabajo interinstitucional conformada por el Banco Central de la República Argentina, las entidades financieras que representamos, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de alinear criterios interpretativos y definir lineamientos operativos claros y homogéneos desde la etapa inicial de implementación”.
La nota fue dirigida al área de cumplimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), que funciona dentro del Banco Central. La UIF es el organismo encargado de la prevención del lavado de dinero y es justamente en ese ámbito donde residen las principales objeciones de las entidades financieras.
“La nueva ley quita responsabilidades penales a los contribuyentes pero no dice nada sobre nuestra obligación de cumplir con la normativa anti-lavado”, explicaron en un entidad líder.
Mientras que una importante fuente de un banco privado aseguró, tajante, a Infobae que "los bancos cumplen normas, no tweets”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario