El fiscal federal Federico Delgado tiene “probado” que desde la base aérea de El Palomar partían “vuelos de la muerte” desde los cuales se arrojaban prisioneros a las aguas durante la última dictadura militar y le pidió al juez Daniel Rafecas que así lo declare en un pronunciamiento judicial.
Mediante un dictamen de más de 40 carillas, Delgado sostuvo que en la base aérea del conurbano operaba “el grupo de tareas denominado ‘G 100’ que materializaba la represión ilegal”.
Tras analizar el resultado de una paciente investigación de más de un año y medio, el fiscal solicitó “formalmente” al juez Rafecas que “declare judicialmente probado la existencia de los denominados ‘vuelos de la muerte’ en la Primera Brigada Aérea de Palomar y que disponga las diligencias que considere necesarias para someter esta investigación parcial y sus conclusiones al escrutinio de la sociedad civil”.
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Delgado sostuvo que en esa base aérea “los ciudadanos de 18 años eran convocados al servicio militar obligatorio y eran cuidadosamente separados de la sangrienta represión que se estaba llevando a cabo. En ese sitio despegaban aviones en vuelos ‘regulares’ y de los ‘otros’. Algunos aviones partían hacia la Antártida. Otros llevaban por el país a planteles de fútbol que competían en el mundial de 1978”.
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Precisamente los testimonios de más de seis centenares de ex “conscriptos” que realizaron el servicio militar en esa base durante la última dictadura fueron el andamiaje en el que se basó la investigación ya que ellos advertían sobre la existencia de “vuelos” aunque ninguno pudo dar precisiones sobre tripulantes de esos aviones o víctimas que hubieren sido arrojadas a las aguas.
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Ello impidió a la fiscalía efectuar imputación concreta contra ningún jefe militar ante “la imposibilidad práctica de la investigación para llegar a hechos claros y distintos pasibles de ser contrastados con la ley pena” lo que “devela un difuso resultado cuya carga moral es demasiado compleja para adjudicarla en términos unilaterales a responsables a título individual”.
“Dicho de otro modo, adjudicar responsabilidades de ese tipo constituiría una simplificación excesiva y carente del consenso necesario para que tenga sentido la inculpación para la comunidad en la que coexistimos”, afirmó Delgado, y no ocultó su decepción ante el “fracaso” de la investigación en cuanto a la falta de imputados.
Este tramo del expediente que Rafecas lleva adelante en el marco de la “megacausa” por los delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, se basa en una denuncia de Lorena Carla Pacino, quien refirió que su padre Carlos Pacino fue visto por última vez en el “Olimpo” antes de subir a un camión que lo condujo a la Primera Brigada Aérea de Palomar y cuyo cuerpo luego “fue hallado en la costa atlántica”.
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