Guerra de solicitadas entre CableVisión y el Gobierno
La empresa del grupo Clarín sostiene que la caducidad de su marca es una medida "de una escalada totalitaria". En tanto la CNC responde que no tenía autorización para usufructarla.
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La empresa CableVisión y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) mantienen un fuerte cruce en los diarios porteños de hoy a través de dos solicitadas, en las que cada una de las partes marca su posición sobre la caducidad de la licencia a la marca "Fibertel" para proveer servicio de Internet.
Cablevisión, compañía perteneciente al grupo Clarín, advirtió que la resolución es "una medida ilegal y arbitraria, que forma parte de una escalada cada vez más totalitaria".
Sin embargo, CableVisión subraya que "seguirá brindando con normalidad su servicio de Internet y ejercerá todas las acciones judiciales para defender los legítimos derechos de sus clientes".
La empresa advierte que "la inédita resolución -que no tiene antecedentes- carece de todo sustento legal pues desde el año 2003, CableVisión es el pleno y legítimo titular de la licencia que opera con la marca Fibertel, tras la absorción societaria de esta última, que fue aprobada por la Inspección General de Justicia".
"Se trata de un paso más en la brutal campaña de persecución, ataques y hostigamiento contra una empresa argentina que fue la primera en introducir Internet de alta velocidad en el país, mediante el servicio de cable, hace ya 13 años", concluye la solicitada.
A esto la CNC responde que "Fibertel, para el Estado nacional, no es una marca, era la sociedad anónima titular de la licencia y por tanto una persona jurídica que no podía transferir sus derechos a otra persona jurídica sin autorización previa de la autoridad de aplicación que no es la Inspección General de Justicia sino la Secretaría de Comunicaciones", agrega la nota.
La CNC destacó que "para resguardar los intereses de los actuales usuarios y clientes, que pagan su servicio de Internet a Cablevisión -sobre la licencia caduca de Fibertel- se ha dispuesto otorgar un plazo de 90 días a efectos que ejerzan la libre elección de su nuevo proveedor del servicio".
"De esta manera el Estado Nacional garantiza la competencia en la prestación del servicio de Internet y protege a los usuarios y consumidores contra los monopolios y para ello hace saber que existen en el mercado más de 200 proveedores inscriptos y en condiciones de ofrecer un servicio confiable, de calidad, con la velocidad adecuada y un desarrollo tecnológico compatible con las necesidades de la comunicación moderna", concluye el organismo.
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