Indigentes reclaman un plan de viviendas
Son 243 personas a los que el gobierno porteño busca desalojar de "La Veredita" del Bajo Flores.
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Por Télam
"Las autoridades porteñas lo consideran un delito penal de usurpación y presenta constantes trabas ante la Justicia para evitar un acuerdo y forzar un desalojo violento, pero el Estado no puede desentenderse en cuanto a su obligación de asistir y satisfacer su necesidad de vivienda", aseguró el abogado.
La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires fue la primera que inició una acción de amparo ante la jueza Elena Liberatori para suspender el desalojo y buscar una solución de fondo, pero la jueza penal Claudia Álvaro dictó una acción inhibitoria.
De todos modos, Liberatori llamó a una audiencia de conciliación entre las autoridades municipales y los ocupantes, pero no se llegó a ningún acuerdo.
Álvaro "insiste en que tiene que resolverse el desalojo como ordena el protocolo, es decir con un subsidio y la inclusión a un plan de viviendas, pero el gobierno porteño sólo ofrece 700 pesos en diez cuotas", enfatizó Teskiewicz.
El abogado destacó que "la figura penal de usurpación con la modalidad de despojo en el que se pretende encuadrar a esta ocupación no corresponde porque acá no hubo despojo alguno ya que las veredas no son legítima posesión de nadie, son de todos los ciudadanos".
Mientras tanto, el fiscal penal Luis Cevasco comenzó a tomar declaración a las personas que se instalaron en el asentamiento por el delito de usurpación.
El legislador Francisco "Tito" Nenna acusó al gobierno porteño por "persecución" a familias en emergencia habitacional y aseguró que Mauricio Macri "pretende mandar a la cárcel a los que no tienen casa".
"Para resolver la emergencia habitacional, hay que ejecutar el dinero presupuestado en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad" enfatizó, y concluyó: "Desde que asumió, Macri mantuvo ociosos más de 500 millones de pesos destinados a la construcción de casas".
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