Liberan a dominicanas obligadas a prostituirse

La fiscal determinó con el testimonio de tres de las damnificadas que, ni bien llegaban al aeropuerto de Ezeiza, la organización que las traía les decía que por haberles conseguido el pasaporte y el viaje, les debían entre 13 mil y 15 mil pesos, una deuda que debían saldar ejerciendo la prostitución.

Los voceros judiciales consultados por Télam indicaron que aún no fue apresada la mujer dominicana que regenteaba el prostíbulo y que era, además, la encargada de viajar a su país y traer engañadas a las chicas.

El hombre detenido en los allanamientos es el hermano de la mujer y ayer recuperó la libertad luego de obtener una excarcelación, que hoy fue apelada por la fiscal Sánchez.

Las víctimas son jóvenes veinteañeras cuyas identidades se reservan para resguardar la investigación.

El caso se descubrió después que una de las ocho "esclavas", que fue internada por una afección cardíaca, le contó a los médicos del Hospital de Clínicas su odisea y éstos radicaron la denuncia.

La denunciante continúa aún internada, pero en el Hospital Argerich, donde será sometida a una cirugía, mientras que sus siete compañeras se convirtieron en testigos protegidas y quedaron a disposición del Programa de Asistencia a la Víctima, en un lugar secreto hasta que regreseb a su país, revelaron las fuentes.

Según los denunciado por las víctimas, sólo la mitad del dinero que percibían de sus clientes les era computado a ellas para saldar la deuda, mientras que el resto se los quedaba para la banda.

La fiscalía secuestró las planillas donde la organización contabilizaba los servicios y la deuda de las chicas y, según fuentes de la fiscalía, se detectaron casos de jóvenes que desde octubre habían realizado más de mil ïserviciosï y aún debían plata.

Los explotadores además, nunca les dieron dinero, les descontaban el costo de la comida y la ropa y si bien las chicas podían salir, si tardaban más de una hora, les descontaban un servicio.

El prostíbulo, que en realidad era un departamento alquilado, no estaba en condiciones de ser habitado porque las mujeres vivían hacinadas en pequeños boxes con cortinas, en pésimas condiciones de higiene y sin gas.

Luego de los allanamientos, la detención y las primeras medidas realizadas por la fiscal Sánchez, con la División Delitos contra la Salud y l Comisaría 19 de la Policía Federal, la instrucción de la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción 18, subrogado por Marcelo Gonzalo Zavalía.