Pedirán que presos por delitos graves con prisión domiciliaria regresen a la cárcel

* El ministro de Seguridad bonaerense dijo que es "por demás asombrosa" la libertad del acusado por la masacre.

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Por NA

El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, reveló hoy que 22 detenidos por delitos "muy graves" cumplen prisión domiciliaria con pulseras magnéticas y anticipó que le pedirá a los jueces que dispusieron las medidas que vuelvan a estudiar los casos.



Casal anticipó que hará una "sugerencia" a los magistrados para que vuelvan a analizar estos casos y eventualmente dispongan la revocatoria de esta medida.



El ministro detalló que entre los 22 casos existen 14 imputados por violación, 4 por homicidio, 1 por tomento seguido de muerte y 3 por promoción a la prostitución de menores.



Además, anticipó que impulsará reformas al Código Procesal Penal bonaerense para que no se puedan disponer excarcelaciones y, por consiguiente el uso de las pulseras, en el caso de estos delitos.



En sintonía con el pedido de juicio político contra el juez Nicolás Chiavo, que dispuso la morigeración de prisión para Angel Fernández, uno de los sospechosos de haber participado del asesinato de la familia Mansilla, Casal calificó de "errónea" la decisión del magistado de disponer la colocación de la pulsera al ex convicto imputado.



"Vemos con asombro que al momento de dictar la medida el juez, Fernández estaba en plena etapa de libertad condicional y que hubo dos hechos importantes que violaron esa libertad: un procesamiento en 2005 por tentativa de robo donde era compañera de causa la víctima del homicidio, y el segundo, el de tenencia de arma civil, que fue considerado por el juez al momento de tomar su decision", indicó Casal.



El funcionario remarcó que "esto significa que el juez debió comunicar el tribunal oral que condenó a Fernández el violentamiento de esa libertad  condicional".



"Es un aspecto muy importante que hizo notar el diputado denunciante y que surge claramente de los hechos que están en el expediente", consignó.



Durante una conferencia de prensa que brindó en Casa de Gobierno, el ministro de Justicia sostuvo que las condiciones en las que se otorgaron el arresto domiciliario a Fernández fueron "por demás asombrosas".



Casal dijo que, una vez conocido el asesinato, se relizó un monitoreo sobre la totalidad de los detenidos beneficiados con el arresto domiciliario. "Estaba cada uno en su domicilio", indicó.



El ministro de Justicia adelantó en ese sentido que "vamos a incorporar en la reforma al Código Procesal Penal que está en marcha, medidas restrictivas a estos beneficios extraordinarios, léase excarcelación extraordinaria o morigeración de la pena en los casos de delitos gravísmimos".



Y, en ese marco, anticipó que mandrá "oficios por estos 22 casos a cada uno de los jueces, para sugerirles -porque no podemos interferir en la Justicia-, que se revoquen esas medidas, porque dada la condición, la calificación y el delito que se le investiga o por el cual se dictó condena, no existen garantías para la seguridad pública en los casos de estos arrestos domiciliarios".



Por otra parte, Casal no descartó la posibilidad de cambiar el sistema de libertad vigilada en lo que hace al uso de las tobilleras.



"Vamos a hablar con los jueces para ver si existe un modo sustituto de reemplazar el monitoreo electrónico por otro sistema de control", adelantó.



El ministro afirmó que "se está desnaturalizando el sentido de la morigeración de detención para los casos que prevé el Código Procesal", e indicó que "los casos deben estar enfocados a cuestiones humanitarias, embarazadas con hijos, enfermos terminales y ancianos".



Y amplió: "Una tortura seguida de muerte, en nuestra provincia, no merece ningún tipo de explicación de por qué está con arresto domiciliario, por un delito que es de los más graves en el Código Penal".

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