La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, que agrupa a un sector de los jueces presentó un pedido de amparo para frenar los 16 nombramientos de fiscales dispuestos por la Procuradora Alejandra Gils Carbó.
En la presentación realizada por la entidad que dirige el juez Ricardo Recondo, se pidió la habilitación de la feria judicial de modo de frenar los nombramientos. Recondo es uno de los más férreos opositores al gobierno nacional dentro de la Justicia y asumió la conducción de la Asociación de Magistrados a fines de 2014. El pedido de Recondo se suma a otras presentaciones realizadas en el mismo sentido como las del diputado massista de la provincia de Buenos Aires, Mauricio D'Alessandro y el secretario general de los judiciales, Julio Piumatto.
De acuerdo con el documento presentado este miércoles los nombramientos "violan el debido proceso adjetivo y los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad, igualdad y no discriminación al nombrar fiscales subrogantes".
Las designaciones dispuestas por Gils Carbó abrieron una fuerte puja dentro de la Justicia. Por caso, el titular de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración General de la Nación, Félix Crous, salió al cruce de los cuestionamientos a la procuradora general de la Nación. "No hay ninguna novedad en estos cuestionamientos. Estamos asistiendo a un sinceramiento brutal por parte de actores judiciales que siempre han tenido una actitud hostil hacia una renovación y modernización del ministerio público" disparó Crous en respuesta a la crítica carta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación que días atrás denunció "presiones" y la "politización" de la cartera a cargo de Gils Carbó.
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Crous explicó que este ataque "se precipitó con la sanción del nuevo Código Procesal Penal, que reasigna roles en el proceso y obliga a abandonar algunas posiciones de privilegio históricos que han mantenido algunos sectores de Poder Judicial y un sector minoritario pero tradicional del ministerio Público".
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A pesar de la fuerte disputa interna, para Crous "es alentador cómo ha quedado en evidencia en estas últimas semanas el carácter corporativo de estos sectores en la voz de los propios actores y de los medios de difusión que los representan" y concluyó: "En realidad, estas acusaciones nos dan la razón de que el sistema judicial está corroído hasta la médula en su naturaleza institucional pura y que necesita una renovación y una democratización radical".
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En la misma línea se pronunció el jefe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, rechazó por "infundada" e "inconsulta" la carta de la Asociación de Fiscales. "He estado en contacto con muchos colegas afiliados a la asociación y todos manifiestan su sorpresa por este comunicado, infundado y publicado de manera inconsulta, escrito entre pocas manos a las apuradas, y que carece de representatividad", denunció Gonella y aclaró que "los magistrados designados para ocupar estos cargos accedieron por concurso, con acuerdo del Senado, por lo que los cuestionamientos sobre irregularidades en su designación no tienen fundamento".
"Parece que cualquier medida o paso que da la Procuradora es criminalizado y judicializado", siguió Gonella, quien destacó además la labor que viene llevando adelante Gils Carbó, que "encarna una visión del servicio de justicia como un servicio público".
"La visión contraria proviene de estos sectores conservadores y reaccionarios, que quieren mantener el 'status quo' de la justicia, que se ha encargado de criminalizar a los pobres", concluyó Gonella.
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