Polémica compra directa de armas para la Policía Metropolitana

Aunque en 2009 la compra directa de armas para la Policía Metropolitana derivó en una denuncia penal por el supuesto pago de sobreprecios que aún está pendiente de resolución en la Justicia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires oficializó el 30 de abril pasado la adquisición a través del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, de 400 pistolas, por un total de 452.000 euros, a la misma empresa y sin llamado a licitación previo.

El Boletín Oficial de la Ciudad dio cuenta de la nueva compra de 400 pistolas modelo Beretta PX4 Storm a la empresa Trompía SRL a razón de 1.130 euros por unidad cuando su valor de mercado asciende a 439 euros.

Consultados por minutouno.com desde el Ministerio de Justicia y Seguridad que conduce Guillermo Montenegro prefirieron no formular declaraciones "más allá de los que indica el Boletín Oficial". En la Resolución 63 publicada en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires del 30 de abril pasado se indica que el mecanismo de Contratación Directa se ampara en el artículo 28 inciso 4º- de la ley de compras 2095. Allí se permite comprar directamente en "emergencias" o por existir un único oferente.

Sin embargo el legislador porteño por el MST, Alejandro Bodart señaló a este medio que "en este tema se ve toda la tónica del macrismo en relación a todos los negocios. Esto tiene más escándalo porque ya hubo causas penales en el pasado en relación a este tema y tienen un negociado evidente con esta empresa".

En la resolución, la cartera de Seguridad explica que se hará de esta forma en caso que "no hubieran sustitutos convenientes" y da cuenta de la comparación entre las pistolas semiautomáticas "Sig Sauer SP 2022", "Bersa Thunder" y Beretta PX4 Storm". Al respecto destaca que la Beretta gana por en razón de su "mejor grip" y su mayor "seguridad en el seguro" (sic). Y, la polémica: asegura que es conveniente respecto de su valor económico.

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Sin embargo, la Bersa Thunder de 9mm se consigue en el mercado argentino a 457 euros –o 3.200 pesos- y la Sig Sauer la ha comprado, por ejemplo, la Policía Nacional de Colombia a 520 dólares la unidad –unos 390 euros aproximadamente-. Montos sensiblemente inferiores a los 1.130 euros que pagará la Ciudad por ellas. "Se nota que están prendidos y compran cualquier porquería", enfatizó Bodart.

Otro de los elementos tenidos en cuenta es la idea de homogeneizar las armas en la fuerza. Cabe destacar que la "homogeneidad" está atada a la contratación directa previa, cuyo sobreprecio fue motivo de varias denuncias. En 2009 se pagaron 1.156 dólares por arma, mientras su precio en ese momento en el mercado era de u$s544.

A partir de las denuncias de varios legisladores se abrió en septiembre de 2009 la causa 32.372 en el juzgado de Instrucción número 28 a cargo de la jueza subrogante María Rita Acosta en la que se investiga el supuesto pago de sobreprecios en la compra de las armas, a la par de otros expedientes en los que también se investiga el pago de sobreprecios en la adquisición de uniformes, patrulleros y motos.

La "emergencia" acusada en aquel entonces para apurar la compra directa sin licitación pública actúa, bajo el paraguas de la homogeneidad, como amparo del sobreprecio pagado en la actual compra a una empresa que, además, perderá su monopolio en la venta de la marca Beretta el próximo 31 de diciembre.

"Para hacer esta compra directa en 2009 argumentaron que era de urgencia, pero era falso porque habían tenido un año y medio. Y ahora podrían importarlas y obtendrían un mejor valor", explicó el legislador del MST.

Los dueños de Trompía SRL, domiciliados en Rosario, tienen una larga experiencia como proveedores estatales. Los hermanos Juan Carlos y Ennio Modestini también son proveedores de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y las policías provinciales de Santa Cruz, Santa Fe, Catamarca, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Neuquén y Tierra del Fuego.

Además de ser dueños de la representación de la marcas italianas, Beretta –armamento- y Fiocci –cartuchos-, también son dueños de la Beretta Gallery en el barrio de la Recoleta a nombre de Modestini y Cia y de casi una decena de empresas creadas en los últimos 10 o 15 años, con capitales sociales que ascienden a cifras millonarias y con objetos sociales que van desde la venta de armas a la venta de chapas de aluminio y utensilios de cocina, pasando por venta de ropa y accesorios de moda, comercialización de valores en la Bolsa, importación de relojes y joyas, venta de automotores y hasta el cultivo de soja.

Ya en 2009 la denuncia por el pago de sobreprecios incluyó la aseveración de que Modestini tenía un vínculo personal con quien fue designado por el propio Mauricio Macri para crear la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios –procesado por escuchas ilegales y su actuación en la causa AMIA- y, a través suyo, con Guillermo Montenegro. Más aun, la negociación de entonces, según indican las denuncias realizadas por legisladores de la oposición, se habría cerrado en la oficina de Palacios.

Por su parte, el ministerio de Seguridad continúa su política de silencio. Fuentes oficiales dijeron que por ahora sólo hablará el Boletín Oficial, es decir, lo ya publicado en referencia a la exclusividad de los Modestini para vender dichas armas y la legalidad de su mecanismo.

Al respecto, Fernando Sánchez, legislador porteño de la Coalición Cívica, explicó a este medio que se trata de un "abuso de esa legalidad, amparado en que no hay otro oferente posible y que se debe homogeneizar el armamento de la fuerza". Y recalcó la necesidad de comparar la oferta tomada con los valores que hubieren conseguido otras fuerzas en el mundo.

Para Bodart, sin embargo, "sí puede haber combinación de dos armas en la misma fuerza, lo que se busca con la homogeneidad es que no haya 20 tipos diferentes". El legislador del MST explicó que, en realidad, "son excusas que utilizan para garantizar el negociado, como pasa en todas las licitaciones, es la matriz que repiten: corrupción y trabajar para determinados grupos económicos".

Bodart adelantó que, de la mano de esta nueva compra directa, realizará una presentación ante el juzgado de Instrucción N°28 de modo de reactivar la causa judicial, frenada hace casi 4 años. Un informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación informaba que, para finales de 2011, todavía no se había indagado a ninguno de los acusados en la causa.

Por Brian Majlin