Cómo está el poroteo en el Senado para el debate por la Ley de Glaciares
La reforma a la Ley de Glaciares busca deslindar a Nación de la responsabilidad de protección y se la traspasa a las provincias que están atravesadas por su interés en el desarrollo minero.
Desde las 11 de este jueves el Senado de la Nación debatirá la reforma de la denominada Ley de Glaciares que modifica los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial, diferenciando a las "áreas periglaciares" de las "geoformas periglaciales" y sujetando su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como "reservas estratégicas" por estudios de la "autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción" local.
Es decir Nación se deslindará de la protección de los glaciares y áreas periglaciares para deslindar esa responsabilidad en los gobiernos provinciales, los principales interesados en flexibilizar el cuidado de modo de favorecer la actividad minera.
Se estima que el oficialismo no encontrará inconvenientes en reunir los votos necesarios para avanzar en el polémico proyecto gracias al apoyo de un grupo de gobernadores que ya se manifestó a favor de las modificaciones en la ley, sancionada en Argentina en 2010. El apoyo al proyecto contaría además con votos del bloque peronista provenientes de provincias mineras.
Con los cambios propuestos por el gobierno libertario, la protección ambiental ya no será sobre todo el cuerpo de hielo, sino sobre aquellos sectores que funcionen como “reserva estratégica de agua”.
Así, se permitirá la minería y la extracción de hidrocarburos en zonas en las que hoy se encuentran prohibidas la instalación de industrias, la exploración y explotación de minerales y el uso de sustancias tóxicas. En lugar de una prohibición genérica, el proyecto establece evaluaciones de impacto ambiental específicas para actividades en zonas de montaña, buscando compatibilizar la protección con el desarrollo económico.
Desde el oficialismo argumentaron que la ley actual sancionada en 2010, generó una “parálisis regulatoria” en sectores como el litio y cobre, y que la reforma busca mayor seguridad jurídica para las empresas.
El senador por la Provincia de La Pampa, Daniel Pablo Bensusán, aseguró que esta iniciativa "perjudica muchísimo el agua, un bien tan fundamental". Y no sólo en las zonas donde hay glaciares, sino en todo el país.
Esto se debe a que la normativa lo que hace es trasladar a las provincias los criterios sobre qué es un glaciar, habilitando una carrera de desregulación hecha a medida de las grandes empresas mineras.
“La provincia de La Pampa es una provincia de ríos que nacen en los Andes, en Mendoza. Y con esta ley estaríamos en manos de Mendoza”, explicó.
“Esta ley pide la mesa del cobre y del litio para habilitar explotación minera en glaciares y periglaciares donde hoy está prohibido. Es un retraso constitucional y de defensa del ambiente. No estamos en contra de la explotación minera, pero sí con conciencia. Porque con la explotación minera en los glaciares repercute en los ríos que atraviesan todo el país”, insistió el senador pampeano.
En Casa Rosada se muestran confiados en lograr este jueves la media sanción del proyecto y aseguran que una vez en marcha, podría destrabar inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
Los detractores de la medidas cuestionan, entre otras cosas, la laxitud de la terminología legislativa (¿cuándo se llega al estatus de “reserva estratégica"?). Alertan además sobre el efecto que podría provocar la explotación minera en una provincia sobre el acceso hídrico en otra y de la libertad efectiva de fiscalización de las autoridades locales para determinar qué geoformas integrarán el ING.
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