En uno de los puntos, la iniciativa prevé que el Estado podrá expropiar tierras destinadas "a utilidad pública" y por las que habrá una "compensación monetaria", considerando como fundamento lo que diga el "plan de Ordenamiento Territorial".
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A su vez, se dispone como potestad de Estado "imponer englobamientos, subdivisiones y edificaciones" cuando "la situación socio territorial lo disponga".
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El Estado también tendrá derecho preferencial para la adquisición de inmuebles "que sean objeto de enajenación onerosa entre particulares, organismos públicos o mixtos".
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Además, el Estado podrá "imponer cesiones obligatorias de suelo destinadas al equipamiento local, a la construcción de vivienda social y necesidades comunitarias".
El anteproyecto contempla, asimismo, la creación de un Banco de Tierras.
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