Sospechan que la mujer de uno de los represores planeó la fuga

Política

El Gobierno cuestionó la actuación de los jueces sanjuaninos que ordenaron el traslado de los represores al Hospital Militar.

La fuga de los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón de Marchi habría sido planificada durante las últimas tres semanas, según la sospecha del Gobierno, que acusó a la mujer del primero de ellos de ejecutar el plan de escape con la supuesta anuencia de un juez federal sanjuanino.

El Ministerio de Defensa pasó ayer a disponibilidad a la esposa de Olivera, Marta Ravassi, psicóloga del Hospital Militar, ante la sospecha de que fue la cómplice principal de la fuga. Por su parte, el Ministerio de Justicia adoptó igual medida con ocho agentes penitenciarios encargados del traslado de los prófugos, según informó este sábado el diario La Nación.

Intervienen en la investigación de la fuga el juez federal Claudio Bonadio, por una denuncia del Gobierno, y el juez correccional Raúl García.

El viernes, la Justicia allanó el Hospital Militar para secuestrar las historias clínicas de los prófugos y las filmaciones de seguridad, para reconstruir los hechos.

A su vez, el ministro Julio Alak le envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, donde le pidió que dicte una acordada para indicar a los jueces federales de todo el país que los detenidos por delitos de lesa humanidad que deban ser trasladados por temas de salud sean llevados al Hospital Penitenciario de la Cárcel de Ezeiza, para evitar nuevas fugas.

La cartera realizará también un relevamiento de la salud de los presos por delitos de lesa humanidad internados en el Hospital Militar y, si es posible, los trasladará al hospital de la cárcel de Ezeiza.

El matutino recuerda que Olivera, un oficial de inteligencia, y De Marchi, paracaidista, habían sido condenados el 4 de julio pasado por el Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña. De Marchi fue condenado a 25 años de cárcel por secuestros y tormentos, y Olivera a reclusión perpetua por la muerte de prisioneros a los que ordenó torturar. Los militares transitaron el juicio con calma y hasta sonrieron cuando les leyeron su condena.

Apenas terminado el proceso, relataron las fuentes, la esposa de Olivera se presentó en el Juzgado Federal N° 2 de San Juan, a cargo de Leopoldo Rago Gallo. Este magistrado, de vínculos conocidos con el juez federal fugado a Chile Otilio Romano y uno de los primeros que suspendió la aplicación de la Ley de Medios, estaba a cargo de los presos durante el cumplimiento de su sentencia en el penal de Chimbas, en San Juan.

La mujer le planteó al juez que Olivera debía ser atendido por un problema dermatológico en el Hospital Militar Central de Palermo y que De Marchi necesitaba tratamiento psiquiátrico. Las fuentes precisaron que la señora fue con los turnos médicos ya otorgados. Pidió que los dos condenados sean trasladados de San Juan a Buenos Aires para su atención. Rago Gallo, del Juzgado Federal N° 2, se fue de vacaciones y su colega Miguel Ángel Gálvez firmó el traslado.

Alak dijo ayer que el traslado fue "irracional, injustificado y de dudosa fundamentación", y sembró dudas sobre la actuación del juez Rago Gallo.

Los presos fueron llevados al penal de Marcos Paz y desde allí eran llevados al Hospital Militar para el tratamiento. Un oficial del Servicio Penitenciario y siete suboficiales fueron asignados a su traslado.

Par evitar problemas con los presos condenados, el Hospital Militar de Palermo acondicionó, en el tercer piso, un área con cuatro habitaciones donde los militares sometidos a proceso o sentenciados esperan que los lleven a los consultorios.

Allí estaban Olivera y De Marchi cuando fueron llevados a ver a los médicos con los que tenían turno. Los penitenciarios los esperaban. A las tres horas, como no tenían noticias, preguntaron por los presos y los médicos y auxiliares les dijeron que se habían fugado. Alertaron entonces a las autoridades penitenciarias y al Juzgado Federal de San Juan, que dispuso la captura de los dos prófugos.

Olivera era teniente del Regimiento N° 22 de Infantería de Montaña, en San Juan, cuando la joven franco-argentina Marianne Erize fue secuestrada el 15 de octubre de 1976. Fue acusado además por las torturas que sufrió la jueza Margarita Camus, hija del ex gobernador sanjuanino Eloy Camus. Olivera estuvo prófugo en 2000, fue detenido en Italia, pero presentó un documento falso y salió libre. Fue apresado en 2008, con otra identidad, pero excarcelado en 2010, en un fallo controvertido de la Cámara Federal de Mendoza. Luego fue preso.

De Marchi también fue beneficiado en 2010 con la excarcelación por el mismo tribunal, hasta que fue detenido en marzo pasado, en Villa Gesell.

Dejá tu comentario