Lo dispuso el titular del organismo, José Sbatella, en el marco de la Ley antiterrorista. La medida recae sobre Antonio Olivera y Gustavo de Marchi, quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
El organismo a cargo de José Sbattella dictó una resolución de congelamiento administrativo de bienes y dinero que pertenezcan a los prófugos, con el fin de lograr la inmovilización financiera de los terroristas de estado y facilitar su inmediata detención.
Olivera y De Marchi habían sido juzgados y condenados por el secuestro y desaparición de la modelo francoargentina Marie Anne Erize Tiseau en octubre de 1976, en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad en de San Juan.
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El Juzgado Federal Nº 2 de San Juan había autorizado el traslado de los represores al Hospital Militar "Cosme Argerich" para recibir atención médica. Durante la madrugada del jueves, ambos se fugaron y ahora son intensamente buscados.
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Ante esta situación, el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, presentó una denuncia penal ante la justicia Federal de la Capital Federal para que se investigue la fuga de los detenidos por crímenes de lesa humanidad.
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En tanto, el Gobierno nacional ofreció una recompensa de dos millones de pesos a quienes aporten información para capturar a los dos ex militares condenados.
El congelamiento dictado por la UIF abarca todas las propiedades muebles e inmuebles y las empresas que pudieran estar a sus nombres o de las que fueran cotitulares, así como también los servicios bancarios.
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