Es María Romilda Servini de Cubría. Evitó pronunciarse en la causa que investiga si el oficialismo quebró la prohibición de hacer actos de promoción de la gestión.
DyN
La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría evitó pronunciarse y se declaró incompetente en la denuncia contra el Poder Ejecutivo para que se investigue si la presidente Critina Fernández violó la ley electoral durante sus últimas apariciones públicas, en el marco de una denuncia presentada por precandidatos opositores.
La magistrada sostuvo que los hechos denunciados tuvieron lugar en el territorio de la provincia de Buenos Aires, por lo que la causa ahora quedará en poder de su colega electoral bonaerense Manuel Blanco, quien puede o no aceptar la competencia.
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Días atrás el fiscal Jorge Di Lello, en su dictamen al requerir la apertura de la causa, hizo referencia a dos actos que encabezó recientemente Cristina: la inauguración de una planta potabilizadora de Aysa en San Fernando y la visita a una fábrica de lavarropas de Cañuelas, de acuerdo a lo que consignaron los denunciantes.
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Los precandicatos opositores denunciaron que el Poder Ejecutivo viola el artículo 64 del Código Electoral que prevé que "durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales".
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En declaraciones radiales, días Di Lello le había restado importancia a las denuncias y había sugerido que, a su entender, los actos de la presidente se enmarcan dentro del deber de rendición de cuentas que surge de la Constitución Nacional.
Di Lello explicó que, si bien la ley dice que durante la campaña no se pueden anunciar obras, el texto de la Constitución genera la obligación de "dar publicidad a los actos de Gobierno".
En declaraciones que hizo públicas, el representante del Ministerio Público evitó hablar de un caso concreto, pero aclaró que la jefa de Estado no es candidata. En todo caso habría que analizar detalladamente qué dijo, cómo y dónde, aclaró el fiscal.
Ahora el juez electoral Blanco deberá definir primero si acepta la competencia y, en ese caso, si se violó o no la ley electoral.
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