Uruguay realiza una contrapropuesta por la ex Botnia

En la larga misiva, Almagro sostiene que "el Gobierno uruguayo entiende que la autorización concedida (a UPM) resulta respetuosa no solo de la legislación nacional, sino también de las obligaciones emanadas del Estatuto del Río Uruguay, de los acuerdos presidenciales y ministeriales celebrados entre ambos países y de los términos de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril del 2010".

En ese marco, propuso reabrir las negociaciones entre las partes para avanzar hacia "un nuevo marco normativo en la CARU superador de la actual reglamentación (...) que resulta insuficiente para que los dos países afronten en la CARU los nuevos desafíos en materia de prevención de la contaminación y se beneficien de los conocimientos técnicos y científicos acumulados durante estas décadas".