Caso Niembro: un camarista se excusó de intervenir por ser amigo de Macri
Se trata del juez Mariano González Palazzo, quien integra la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen. Niembro está acusado de haber obtenido contratos millonarios con el gobierno de la Ciudad de forma directa.
La Cámara tiene que resolver sobre un recurso del fiscal Carlos Velarde, quien pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos y escuchas telefónicas, para avanzar en la investigación pero que fueron rechazadas por el juez Roberto Ponce.
Ponce tiene a su cargo una denuncia por supuestas maniobras por las que el periodista deportivo Fernando Niembro y su socio Alberto Meza habrían logrado contratos millonarios con el gobierno de la Ciudad de forma directa, evitando las licitaciones que impone la ley.
La otra causa, por presunto lavado de activos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, la lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, quien avanza en la investigación y libró oficios a distintos organismos, como la AFIP, Registros de Propiedades , al Banco Central y entidades crediticias para recabar información sobre los sospechosos y la empresa La Usina Producciones.
En cuanto a la causa que está en el fuero de instrucción, ahora debe resolver la Cámara del Crimen el futuro de unas medidas pedidas por la fiscalía. Es en ese expediente en el que se apartó el camarista, por "amistad íntima" con Macri.
Al resolver sobre la excusación, los colegas de Gonzalez Palazzo, Seijas y González entendieron que "la razón alegada por el juez (González Palazzo) "se adecua a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación". Por ello "corresponde aceptar su solicitud de apartamiento".
En este expediente, el fiscal de instrucción Velarde presentó una apelación contra la medida por la cual el juez Ponce "no hizo lugar a las medidas propiciadas" para avanzar en la investigación. Sobre eso debe resolver la Cámara.
Los camaristas convocaron a una audiencia con el objetivo de analizar si ordenaba los allanamientos y las escuchas telefónicas solicitadas por la fiscalía, y dependerá de la decisión el avance de esa causa.
El caso por supuesta "administración fraudulenta", fue llevado a la justicia por el abogado Antonio Liurgo, quien solicitó el allanamiento y el "inmediato secuestro de documentación" de la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno porteño.
La presentación se basa en una investigación del periodista Nicolás Eisler, que fue publicada por el diario Tiempo Argentino, y que ahora será evaluada por el magistrado.
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