El Congreso entra en una etapa clave para la reforma judicial

El Senado se encamina a debatir esta semana tres proyectos claves de la reforma judicial propiciada por el gobierno, que contemplan la ampliación y el voto popular para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, la regulación de las medidas cautelares, y la creación de tres tribunales de casación.

La sesión se realizará en forma paralela a otra reunión del pleno de la Cámara de Diputados, donde se abordará otras tres iniciativas de la reforma para democratizar la justicia referidas al ingreso a la carrera judicial, la publicidad del estado de las causas, y de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.

De esta manera, el Congreso buscará avanzar antes de fin de mes con la sanción del paquete de leyes propiciado por el gobierno para democratizar la justicia que fue anunciado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Previo a la sesión del Senado prevista para el miércoles al mediodía, la comisión de justicia recibirá el martes a las 11 a la conducción del CELS, encabezada por Horacio Verbitsky, quien tiene cuestionamientos al proyecto sobre regulación de cautelares que el oficialismo aspira a sancionar este jueves.

El presidente del bloque de senadores del kirchnerismo, Miguel Ángel Pichetto, anunció que convocará para este martes a las autoridades del Centro Legales y Sociales (CELS) a fin de que expongan sus cuestionamientos al proyecto que regula el uso de medidas cautelares y aseguró que en esta iniciativa están "resguardados" los derechos individuales y apunta a los grandes grupos económicos.

En declaraciones a Télam, Pichetto informó que ante las críticas que formuló el titular del CELS, Horacio Verbitsky, al proyecto de cautelares se decidió invitarlo para el martes a las 11a la comisión de Justicia, a fin que pueda "realizar los aportes" a la iniciativa.

Ese mismo día también se realizará una reunión de Labor Parlamentaria a las 18 donde se buscará un acuerdo entre los presidentes de las bancadas sobre el mecanismo de las maratónicas sesiones del miércoles y el jueves, ya que en ese tipo de debates es muy elevada la cantidad de oradores.

De todos modos, la apertura de la sesión va ser una responsabilidad del oficialismo ya que la mayoría de los bloques opositores se niegan a colaborar para conformar el quórum de 37 legisladores.

De hecho, los opositores, con excepción de la salteña del peronismo federal Sonia Escudero y Samuel Cabanchik, no concurrieron a las reuniones plenarias de comisiones donde se firmaron los dictámenes para reformar el consejo de la magistratura, y de regulación de las cautelares.

En los últimos días los diputados y senadores opositores empezaron una campaña para juntar firmas en contra de las reforma del Poder Judicial El proyecto del Consejo de la Magistratura establece la elección popular de los jueces, académicos, y abogados, crea procedimientos para poder nombrar magistrados subrogantes y realizar concursos previos para cubrir eventuales vacantes.

Entre otros puntos, la iniciativa establece que se amplía de 13 a 19 los miembros el Consejo, con lo cual deberán ser elegidos por la ciudadanía los tres jueces, tres abogados y seis representantes de los ámbitos académicos o científicos, de reconocida trayectoria en algunas de las disciplinas universitarias.

En el caso de los abogados y jueces corresponderán dos a la mayoría y uno a la minoría, mientras que en el caso de los científicos serán cuatro representantes para la lista ganadora y dos para aquella que obtenga el segundo lugar.

Otro de los aspectos centrales es la administración de los recursos ya que el proyecto establece que deberá ser el Consejo de la Magistratura quien deberá tener esa función, que ahora está en manos del presidente de la Corte Suprema, quien negocia los salarios con el gremio, que conduce Julio Piumatto.

Casualmente, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación convocó a un paro de 72 horas en rechazo a la propuesta de reforma del Poder Judicial, una medida que sorprendió porque siempre realiza medidas de fuerza solo para demandar por mayores salarios.

Ese mismo día, el Senado también debatirá la creación de nuevos Tribunales de Casación para los fueros Civil y Comercial; Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral.

En tanto, el Senado debatirá el jueves el proyecto de regulación de las medidas cautelares contra el Estado Nacional que busca evitar que con ese instrumento judicial se pueda trabar la aplicación de una iniciativa por un tiempo excesivo, como sucedió con la ley de Medios o con las deudas millonarias que mantienen empresas con el fisco.

Con ese fin el Gobierno diseñó una iniciativa que establecerá que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario con posibilidad de una prórroga por el mismo lapso, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo, y se podrán extender por seis meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable.

El proyecto establece que un juez solo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa, y solo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la salud o el derecho alimentario, o el medio ambiente.

Además, en el pedido de cautelar debe estar debidamente argumentado el perjuicio que se procura evitar, la actuación estatal que lo produce y el derecho o interés que se pretende garantizar.

La cautelar cae recién a los diez días hábiles desde que el particular es avisado de la decisión del Estado en relación con su reclamo. Durante el transcurso de esos diez días hábiles el particular podrá solicitar la prórroga de la cautelar.